MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIT-UP rechazaron hoy "contundentemente" que exista fundamento jurídico alguno para sustentar la demanda presentada por CSI-CSIF por supuesta vulneración de la libertad sindical al no haber sido convocado a las negociaciones previas ni a la firma de dos acuerdos sobre la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Según los tres sindicatos, demandados junto al Gobierno regional por parte de CSI-CSIF, la firma el pasado 3 de septiembre de una 'Declaración para la Reforma de la Función Pública de la Comunidad de Madrid', que fija las líneas de trabajo que los firmantes proyectarán sobre la negociación colectiva 2008, y del protocolo para la constitución de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, no vulnera en ningún modo el derecho a la libertad sindical.
"Se trata de la voluntad compartida por la Administración y los sindicatos y de la creación legal de la Mesa General de Negociación, en la que se debe concretar esa voluntad en un convenio colectivo para los más de 160.000 empleados públicos", explicaron de manera conjunta las tres formaciones sindicales mediante un comunicado.
Para ellos, es "sorprendente" que CSI-CSIF, "en vez de sumarse a esta voluntad compartida, solicite la nulidad de un acuerdo en el que se fija la intención de reducir la alta temporalidad que existe en la Administración autonómica; extender el abono transporte, del que hoy sólo dispone un tercio de la plantilla, a todos los empleados públicos; regular un marco general de salud laboral; o fijar un régimen común de permisos y licencias para una mejor conciliación de la vida personal y familiar".
Por otra parte, los sindicatos alegaron que, en cualquier caso, "se debe acreditar una representatividad del 10 por ciento o más de los delegados de la Administración de la Comunidad de Madrid para poder sentarse en esta Mesa General de Negociación". "CSI-CSIF sólo acredita 74 delegados sobre un total de 1.769, es decir, el 4,18 por ciento, por lo que es imposible vulnerar un derecho que no se tiene".
