MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. y UGT han reivindicado este miércoles al Gobierno regional la aplicación del acuerdo nacional en materia de la protección de riesgos laborales, ya que perciben que la Comunidad de Madrid "no tiene ninguna voluntad política" en aplicarlo en su ámbito, e incluso han acusado a la Administración de "no estar agilizando" los trámites para su puesta en marcha.
Este acuerdo prevé la implicación en este problema de las diferentes administraciones, tanto a nivel nacional como regional, así como la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. Esta coordinación de las políticas a seguir es considerado "fundamental" para los sindicatos.
Los responsables sindicales en Salud Laboral de UGT-Madrid y CC.OO. de Madrid, Rosa María Alcalá y Carmelo Plaza, han realizado estas valoraciones a la salida de la reunión que han mantenido con la delegada de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid, Elena Carrascoso.
CC.OO. y UGT mantienen estas reuniones con la Fiscalía de Madrid --donde dicen encontrar una actitud "tremendamente positiva"-- a través de un convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, por el cual se involucra a la Policía Municipal en la persecución de estos delitos. Los encuentros, que se celebran cada seis meses, sirven para analizar y evaluar la evolución de la siniestralidad laboral, así como los trabajos realizados de cara a esa prevención.
Sin embargo, tanto Alcalá como Plaza han llamado a la Comunidad a trasladar el acuerdo nacional a su ámbito para contar de esta forma con un recurso más en la prevención de riesgos y la depuración de responsabilidades en el caso de que se produzcan accidentes.
"Es fundamental que se coordinen los jueces, los fiscales, los gobiernos, la Inspección de Trabajo y los sindicatos para que se depuren todas las responsabilidades y se pueda avanzar en las políticas preventivas", ha dicho Plaza.
92 FALLECIDOS EN 2010
Durante el pasado año, un total de 92 trabajadores fallecieron tras sufrir accidentes laborales, una cifra que preocupa a los sindicatos, ya que consideran que el descenso de la actividad laboral por la crisis económica no se corresponde con el descenso en las muertes.
De hecho, los sindicatos registraron un aumento en los fallecimientos en la construcción, mientras que en el sector de la industria estas cifras se mantuvieron. "Nos parece una cifra totalmente inaceptable, una barbaridad en un contexto de crisis en el que la actividad laboral ha bajado en proporción muchísimo más al descenso de los datos de accidentes laborales", ha remarcado Alcalá.
"No debemos manifestar en ningún caso el discurso complaciente porque se mantienen las cifras (en 2009 hubo 95 fallecidos), sino que tenemos que perseguir, y así se lo reivindicamos a la Comunidad de Madrid y a todos los agentes que formamos parte de la lucha contra la siniestralidad de dotarnos de mayores recursos", ha proseguido.
"Creemos que esto tiene que cambiar y que la ley debe que aplicarse", ha manifestado Plaza, que ha señalado que "cada vez que se produce un accidente laboral se produce un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
En este sentido, los sindicatos denuncian que a la hora de recortar gastos muchos empresarios se dirigen a los servicios de prevención y las medidas necesarias. La subcontratación en busca de abaratar costes también puede provocar "mayor riesgo y más accidentes", y por lo tanto, instan a que la Ley de Subcontratación "debe ser vigilada y controlada por la Administración".
PRÁCTICA DELICTIVA
"No hay sentido en los empresarios de que cada vez que incumplen la ley están cometiendo un delito", ha sentenciado, para remarcar la necesidad que se depuren responsabilidades, además de por la vía administrativa, por la vía penal. "No se tiene conciencia de una práctica delictiva", ha comentado el responsable de CC.OO.
Los acuerdos y actuaciones que se realizan con las diferentes partes están dirigidos a la sensibilización. La "otra pata" en esta cuestión está en los empresarios, a los que Plaza ha instado a participar en los acuerdos a través de sus organizaciones.
"Y no es una cuestión de criminalizar al sector empresarial, sino al contrario: apartar del sector a aquellos delincuentes que tratan de sacar ventaja no aplicando las leyes y poniendo en riesgo a los trabajadores", ha remarcado, para invitar a la patronal madrileña CEIM para que colabore en estas prácticas y políticas preventivas.
Otra de las cuestiones que afectan a la resolución de los conflictos es la duración de los procesos, ya que los sindicatos denuncian que en el momento del juicio puede haber pasado "como mínimo 3, 4, 5 años", por lo que en algunos casos el delito prescribe y en otros es muy difícil demostrar la culpabilidad y responsabilidad en el delito.
Andalucía
