CCOO y UGT tildan de "violencia institucional" la iniciativa aprobada en Cibeles sobre el "síndrome post aborto"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO y UGT han tildado de "violencia institucional" la iniciativa aprobada este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid --con los votos de PP y Vox-- sobre el "síndrome post aborto".

En concreto, CC.OO. ha remarcado que este síndrome "no tiene sustento científico" y ha censurado al Gobierno municipal por "sumarse al boicot al derecho de interrumpir su embarazo y al cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ya ejerce la Comunidad de Madrid".

"Obligar a los empleados y empleadas públicas a dar esta información, es una agresión más a las trabajadoras y trabajadores que no vamos a tolerar. Si el PP quiere mejorar la natalidad, que despliegue las políticas públicas para favorecer la participación de las mujeres en el mundo laboral, ha asegurado la secretaria de la Mujer del sindicato, Lidia Fernández, a través de un comunicado.

En esta línea, UGT Madrid ha mostrado su rechazo a la iniciativa porque "obliga a los trabajadores municipales a informar a las mujeres sobre un inexistente síndrome post aborto, vinculando esta decisión libre y legal a supuestos problemas como la depresión o el alcoholismo".

"Esta medida, profundamente ideológica y carente de base científica, supone un ataque directo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reconocidos en la legislación española y avalados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud", ha alertado en declaraciones a Europa Press.

En esta línea, el sindicato madrileño ha subrayado que el uso del "síndrome post aborto" responde a "una estrategia política para culpabilizar y coaccionar a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo".

REFUERZO DE RECURSOS PÚBLICOS

"El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España está garantizado por la Ley Orgánica 2/2010 y su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública. Trasladar mensajes falsos y estigmatizantes, supone no solo una vulneración de los derechos de las mujeres, sino también una instrumentalización de los servicios públicos municipales con fines partidistas", ha argumentado.

UGT ha censurado que "se utilice la desinformación para coartar la libertad de decisión de las mujeres" y ha remarcado que las mujeres "tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su maternidad y su proyecto de vida sin tutelas ni chantajes morales".

"Exigimos al Ayuntamiento de Madrid que retire esta propuesta y que, en su lugar, refuerce los recursos públicos de salud sexual y reproductiva, con información científica veraz, acompañamiento psicológico cuando sea necesario y respeto pleno a la autonomía de las mujeres", ha reclamado.

LA INICIATIVA

Este martes en el Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid debatió esta propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Así, la concejala de Vox Carla Toscano defendió que había que informar de este "síndrome" tanto en los recursos de Igualdad como los sociales o sanitarios dependientes del Consistorio porque "la mayoría de las mujeres, cuando reciben información y ayuda, no abortan".

"Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado", afirmaba.

Tras ello el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández (PP) afirmó que el "aborto no es progresista" y aseguraba que podía haber síndrome post aborto "en algunas mujeres" con "depresión, ansiedad, culpa...".

Asimismo, reivindicó la labor del Ayuntamiento de Madrid en "favor de la vida", una "prioridad absoluta"; aunque reconoció que el aborto es ahora mismo "un derecho en el marco de la ley actual pero no un derecho fundamental".