MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Policía ha asegurado este jueves que las conclusiones del informe de la ONG jesuita Pueblos Unidos sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche son "falsas, parciales, poco rigurosas y obedecen a una hipótesis de partida predeterminada".
Pueblos Unidos hizo público esta semana un informe, bajo el nombre de 'Miradas tras las rejas', en el que se denuncia que en el CIE de Madrid "los ánimos se calman a golpes" y que se produce un "maltrato generalizado" de las personas ingresadas en el mismo.
Ante ellas, el CIE de Aluche ha afirmado que no se puede denunciar que existe maltrato generalizado en el Centro para luego asegurar que sólo existen diez procedimientos judiciales abiertos, sin sentencia, por delitos de lesiones y torturas, que también incluyen denuncias por el traslado hasta el aeropuerto de Barajas.
"Una vez más, estamos ante una evidente y temeraria falta de rigor en la denuncia. Y es que cuando se echa mano de un recurso tan fácil, pero al mismo tiempo tan poco serio, como dar a las anécdotas el título de categoría, los informes pierden cualquier credibilidad. Diez procesos judiciales abiertos no pueden ser calificados, porque a los responsables de una ONG les venga bien para cuadrar una hipótesis subjetiva de partida de un estudio, de 'maltrato generalizado'. Quienes así se manifiestan descalifican las conclusiones de su trabajo", ha indicado el sindicato policial.
El mismo informe hace referencia a que "muchos policías" se relacionan con los internos del CIE de Madrid desde la "represión", los golpes y las amenazas, añadiendo que han recogido "innumerables" quejas en este sentido.
"Una vez más, la parcialidad del informe invalida sus conclusiones. Pretender que las meras denuncias de los internos, sin contraste alguno con la versión policial o sin validación judicial, que es la única que cabe en un Estado de Derecho, se conviertan en la única verdad es otro ejemplo más de cómo amoldar un informe a una conclusión predeterminada. Si lo que pretende la ONG es llamar la atención, lo han conseguido durante unas horas. Si lo que de verdad pretendían es avalar su trabajo y esclarecer la verdad, han fracasado", ha indicado el CEP.
El sindicato policial ha recordado que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, organismo independiente con el que cuenta España, al amparo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, y que depende del Defensor del Pueblo, visitó por sorpresa en 2010 el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, y no ha incluido ni una sola de estas denuncias en sus conclusiones, recogidas en el informe anual correspondiente.
"Más allá aún, el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reclama exportar algunos de los instrumentos de defensa jurídica y asistencia sociosanitaria a los internos del CIE de Madrid a los del resto de España. Así, desde el 15 de enero de 2010, tres veces por semana se presentan en este Centro abogados que ofrecen consejo jurídico y responden a las dudas que plantean los internos. Dice el Defensor del Pueblo que esta línea de actuación merece una valoración positiva y resultaría conveniente extenderla al conjunto de los CIE", ha señalado.
Por todo ello, la Confederación Española de Pueblo ha concluido que, por encima de cualquier otra consideración, el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche "es un ejemplo de transparencia y profesionalidad de sus funcionarios, frente a lo que pretende la ONG Pueblos Unidos que, además, puede tener presencia dentro del recinto y entrevistarse con cualquiera de los internos".
De hecho, ha recordado que el CIE de Aluche, aún no estando todavía desarrollada la previsión en este sentido que recoge la Ley de Extranjería, se adelantó y, por propia voluntad, abrió sus puertas a casi una veintena de ONG y a la Cruz Roja, que habitualmente trabajan allí.
Por último, el sindicato policial ha apuntado que el CIE dispone de un completo servicio médico de atención, de un servicio permanente de asistencia social, de un servicio jurídico con abogados, de lavandería, de salas de ocio, de cabinas telefónicas, de las visitas de control sistemáticas de todo tipo de instituciones y organismos (jueces, fiscales, embajadas, consulados, universidades, Defensor del Pueblo y un largo etcétera), con buzones reservados de denuncia de cualquier anomalía e incluso facilitándoles el teléfono directo del Juzgado de Instrucción que se encarga del control de esta instalación.