CERMI cree que algunas de las medidas que anunció ayer Zapatero perjudicarán la integración de los discapacitados

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, mostró hoy su descontento con algunas de las medidas anunciadas por el presidente Zapatero en su comparecencia ayer ante el Congreso para reducir el gasto público al considerar que "perjudicarán el avance en la integración de las personas con discapacidad a la sociedad y encienden todas las alarmas de las familias con dependientes en ellas".

CERMI informó hoy de que estas medidas son "algo que se veía venir y que, seguramente, se produce más tarde de lo deseable". "En el fondo, parece que estos años anteriores en los que se ha vivido por encima de posibilidades deben de pagarse entre este año y el próximo. Lo malo es que siempre pagan los mismos: los que tienen que ajustarse a una nómina, los pensionistas y los más desfavorecidos como son las personas con discapacidad", declaró el Comité.

Las medidas expuestas hablan de la supresión para 2011 de la revalorización de pensiones. La actualización de las prestaciones por jubilación en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo ha estado garantizada por ley durante los últimos 25 años.

Del total de beneficiarios, 8,6 millones de españoles, un 30 por ciento cobra las pensiones mínimas, entre ellas, miles de personas con discapacidad que se verán afectadas por la medida.

CERMI indicó que su colectivo se verá "seriamente afectado" al igual que sus familias porque, según explicaron, cargar sobre sus pensiones la solución al momento actual, provocará un mayor gasto familiar y recurrir en mayor medida a las ayudas que propicia la administración.

"Si no crecemos, no se genera empleo y si sólo pagamos el déficit, corremos el riesgo de entrar en una grave parálisis que retrotraerá al colectivo de personas con discapacidad a 20 años atrás, en su intento de conseguir importantes cotas de autonomía personal y una óptima calidad de vida", aseguraron.

Para el Comité, "no equiparar las prestaciones con la evolución de los precios permitirá ahorrar el próximo año 1.500 millones de euros, pero también supone una pérdida de poder adquisitivo y, si además suben los impuestos se va a resentir el consumo, por lo que se recaudará menos".

"Nos esperan tiempos duros en los que el gasto social va a sufrir recortes importantes; y la prueba son las medidas actuales adoptadas por el actual gobierno, mientras, los parados ya no saben dónde buscar un empleo que les permita vivir.., y pagar su parte de la factura", afirmó.

Por lo que respecta a la dependencia se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación. No obstante, el Gobierno se compromete al mismo tiempo a que todas las solicitudes se resuelvan en un plazo de seis meses para minimizar el impacto económico de esta medida.

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid "no se explica cómo el Gobierno se puede comprometer a esta situación cuando las competencias sobre la Ley de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia han sido completamente transferidas a las comunidades autónomas".

Además, los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un máximo de cinco años. Hasta ahora, explicaron, cuando una persona comenzaba a cobrar una prestación económica, junto a la primera mensualidad se pagaba una cantidad única equivalente al número de meses que hubieran transcurrido desde su solicitud.

El Ejecutivo dice que "no tendrá sentido" esta retroactividad, porque no habrá retrasos que compensar en la recepción de los servicios y prestaciones. Una medida que tampoco acepta el Comité, por entender que "habrá muchas personas que desgraciadamente no lleguen a poder beneficiarse de las ayudas de la ley".

"Una cosa es la voluntad de cumplir la palabra dada y otra las circunstancias que hacen que no se pueda cumplir. Mucho nos tememos que, a pesar de esta buena voluntad, la realidad impondrá su circunstancia por no haber actuado antes ante una situación que todo mundo sabía que era difícil. No se puede abanderar la política social y aplicar medidas antisociales ya que esta actitud es totalmente incoherente e inaceptable", zanjó CERMI Madrid.