El Colegio de Abogados de Madrid mantiene su intención de querellarse contra Garzón, aunque no aclara cuándo

Actualizado: jueves, 14 enero 2010 15:30

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, aseguró hoy que aún sigue "en vigor" la decisión de presentar una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y las fiscales adscritas al 'caso Gürtel', Concha Sabadell y Miriam Segura, con motivo de las escuchas que, a su juicio, sufrieron de manera ilegal varios abogados de los abogados en la trama de corrupción, aunque no aclaró cuándo se formulará.

"Lo haremos, con la información que tengamos, en el momento adecuado y cuando creamos que es el momento adecuado para que nuestra acción sea más eficaz", explicó Hernández-Gil en una rueda de prensa en la que volvió a denunciar la actuación "abusiva" del magistrado de la Audiencia Nacional, por "haber actuado de forma contraria a la ley, infiriéndose en las comunicaciones penales en prisión entre abogados y clientes".

El presidente aseguró que la "decisión excepcional" adoptada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de presentar una querella contra Garzón y los fiscales por un delito de prevaricación y otro de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones es un acuerdo que "está en vigor y que no es preciso reiterar".

No obstante, precisó que "desde el primer momento" ya se aclaró que la querella "quedaba supeditada a que no se promovieran otras acciones penales desde otras instituciones competentes y con mayores medios y con autoridad además sobre los funcionarios responsables".

"A día de hoy es cierto que estas instituciones no han iniciado acciones judiciales, pero cuándo y cómo ejercitará el Colegio las suyas va a depender únicamente de nuestra prudencia institucional y de la búsqueda de la mayor eficacia en un asunto extremadamente grave y decisivo para el futuro de la defensa", indicó.

Dicho esto, Hernández-Gil aprovechó también para expresar su "preocupación por el débil aprecio que se ha hecho del derecho de defensa y la falta de una reacción institucional firme y socialmente perceptible hacia hechos incompatibles con el contenido esencial de un derecho fundamental".