La Comunidad abre expediente informativo a 6 aerolíneas para estudiar posibles abusos "ante la pasividad" de Fomento

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto este verano expediente informativo a seis compañías aéreas, la mayoría de bajo coste, y prevé abrírselo a dos más para investigar denuncias sobre publicidad engañosa, cobro indebido de equipaje, retrasos y cobro de cantidades indebidas no incluidas en el precio original.

La Comunidad de Madrid no revelará el nombre de las compañías sometidas a investigación hasta el momento en el que se resuelvan los expedientes para no dañar así a la imagen de las aerolíneas antes del fallo.

Durante la visita a la plataforma de recepción de llamadas del 012, la directora general de Consumo del Gobierno regional, Carmen Martínez Sola, explicó que, a pesar de que el grueso de competencias de inspección y sanción de aerolíneas corresponde al Ministerio de Fomento, el Ejecutivo regional va a actuar "ante la pasividad" del Gobierno central.

"Estamos notando un incremento de reclamaciones este verano en líneas aéreas, es decir, todo lo que lleva relacionado con la publicidad engañosa, cobro indebido de equipajes y retrasos. Cuando el 012 nos va mandando diariamente un informe riguroso de todas las reclamaciones, se actúa para llegar a la mediación o los expedientes sancionadores para solucionar el conflicto", agregó.

Martínez de Sola criticó las prácticas de algunas aerolíneas de cobrar el equipaje a los viajeros en el aeropuerto, sin previo aviso, algo que no está permitido, "tal y como dice la Ley General de Protección al Consumidor, también del Gobierno". Por ello, pidió que los Ministerios de Sanidad y Consumo y el de Fomento "se pongan de acuerdo para ver quien de los dos tiene razón"

"MUY EXIGENTE" CONTRA LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Asimismo, anunció que la Comunidad se mostrará "muy exigente" con la publicidad engañosa, para evitar que el consumidor no se encuentra que al final un vuelo le vale "tres o cuatro veces más caro de lo primeramente anunciado". Así, recordó que la Comunidad ha multado recientemente a Air Comet por este motivo, en una denuncia que presentó la asociación de Consumidores Facua en febrero de 2007..

No obstante, la directora general de Consumo señaló que estos expedientes presentan varias dificultades porque algunas de las aerolíneas reclamadas "no tienen sede social en Madrid ni en España, y en algunos casos incluso fuera de la Unión Europea."

"Desde que hemos abierto estos seis expedientes, le hemos pedido al Instituto Nacional de Consumo una reunión urgente antes de que termine la época veraniega con el objetivo de que se coordine entre todas las comunidades autónomas para saber dónde empiezan y acaban los derechos de los consumidores. Queremos que nos digan qué hacer con aquellos asuntos que transcienden nuestras fronteras", agregó.

PIDEN "COORDINACIÓN" A CONSUMO

En este sentido, Martínez de Sola reveló que la Dirección General de Aviación Civil les ha contestado que las compañías "tienen prácticamente derecho a hacer lo que les de la gana porque en un mercado libre pueden fijar el precio que quieran" y Consumo les ha indicado que las reclamaciones de las compañías que no tienen sede social en España "las van a enviar a otro departamento, porque no tienen capacidad para sancionar y abrir expedientes".

"De todas formas, vamos a intentar meter todas reclamaciones que nos llegan al 012, al portal del consumidor o que hacen los consumidores por Internet en los expedientes. Luego, intentaremos saber luego que hace Aviación Civil, que todavía no lo hemos conseguido saber", replicó.

Por todo ello, la directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid indicó que los consumidores merecen "una respuesta global" en problemas comunes a los usurios de todo el país, "como el cobro indebido de equipaje, la cancelación masiva de billetes vendidos o la acumulación de cancelaciones de vuelos y sobreventa de billetes de ciertas compañías, algunas de las cuales ni siquiera están radicadas en España, "lo que obliga al Estado a ejercer su papel de protección de los consumidores nacionales".