Comunidad denuncia la "indefensión y confusión" que genera en los consumidores la normativa estatal sobre las eléctricas

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid denunció hoy "la indefensión y confusión" que está generando en los consumidores la nueva normativa aprobada por el Gobierno de España, según la cual, a partir del 1 de julio, "el suministro eléctrico será realizado por las empresas comercializadoras de electricidad".

"La información es insuficiente para el consumidor, que se ve obligado a consultar a cinco compañías comercializadoras de último recurso y a 24 comercializadoras de mercado libre para conocer la tarifa más conveniente a sus necesidades", señaló hoy la directora general de Consumo de la Comunidad, Carmen Martínez de Sola.

La directora general dijo que las cartas que están enviando las compañías eléctricas explicando la nueva normativa "no ofrecen información suficientemente clara para tomar una decisión correcta". Por ello, solicitó al Gobierno de España que realice una campaña informativa masiva para informar a los usuarios.

La Comunidad de Madrid ha llevado estas consideraciones a la reunión de las comunidades autónomas con el Instituto Nacional de Consumo (INC) que se ha celebrado hoy en Lazareto de Mahón (Menorca). "No puede entenderse que el camino hacia la liberalización del sector eléctrico y la incorporación de competencia tenga como consecuencia un grave perjuicio para el consumidor final en quien, en primer término, deberían redundar los beneficios del proceso liberalizador", señaló Martínez de Sola.

La directora general de Consumo indicó que "debería ser el Instituto Nacional del Consumo el que instara al Ministerio de Industria a informar convenientemente de estos cambios a los consumidores, que no tienen por qué convertirse en expertos en tarificación eléctrica para elegir la opción más conveniente", y dijo que "de hecho la información confusa o insuficiente es uno de los motivos sancionables reflejado en la Ley General de Protección al Consumidor".

"Dicha Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados a finales de 2007 no es tenida en cuenta por el Gobierno que la propuso cuando legisla en cuestiones que afectan a la generalidad de los consumidores", apuntó.

La directora explicó que, según la nueva normativa, "los consumidores deben revisar sus contratos de suministro en un ambiente económico poco propicio para poder obtener descuentos de las empresas comercializadoras". Además, destacó que el Ministerio de Industria "ha optado, ante la actual situación de crisis económica, por ponérselo más difícil a todo el mundo con un nuevo 'tarifazo' recogido en la nueva regulación del suministro de último recurso".

"El próximo 1 de julio desaparecen las tarifas integrales, pudiendo solamente acogerse a las denominadas 'tarifas de último recurso' los consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 kW", afirmó el Ejecutivo, que dijo que esto supone que "los consumidores, familias o pymes que tengan contratada una potencia a partir de los 10 kW, deberán contratar directamente en el mercado libre con un comercializador".

Martínez de Sola denunció que en el nuevo borrador de orden de desarrollo que ha elaborado el Gobierno central "se prevé que en el caso de que estos consumidores no sean capaces de negociar un contrato con un comercializador, se les incrementará el coste de la energía un 20 por ciento con referencia al precio de la tarifa de último recurso, concluyendo en el mes tercero con la rescisión automática del contrato en vigor".

AVALANCHA DE RECLAMACIONES

La directora general de Consumo denunció en la reunión con el INC la "descoordinación" de los ministerios de Industria y Sanidad y Asuntos Sociales en la gestión del cambio de tarificación eléctrica y la subida de las tarifas de los últimos meses, cuestiones que "están afectando a los consumidores y que ya han provocado una avalancha de más de 10.000 reclamaciones en la Comunidad de Madrid".

Así, reclamó "conocer el contenido de las reuniones entre el Instituto Nacional de Consumo (Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales) con el Ministerio de Industria para velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en el sistema de facturación del recibo de la luz".

Asimismo, solicitó que se determine la obligación de hacer las facturas más claras, respetando "el derecho de los consumidores a obtener una información suficiente y asequible sobre los conceptos que les están cobrando".

La directora general de Consumo también pidió conocer en qué plazo se va a dar cumplimiento a la PNLP aprobada por el Congreso de los Diputados en la que se pedía la vuelta a la facturación bimestral y la eliminación de las lecturas estimadas "que ha provocado un auténtico caos entre los consumidores".

"El Gobierno regional considera que el ministro (de Industria Miguel) Sebastián debería explicar a los consumidores qué motivaciones le han movido a cambiar la facturación eléctrica de bimestral a mensual, cuando ni las compañías eléctricas ni, evidentemente, los consumidores se benefician de dicho cambio".

Además, señaló que "recientemente, el Congreso de los Diputados ha respaldado la postura de la Comunidad de Madrid al retirar la Oficina del consumidor de la Comisión Nacional de la Energía que pretendía crear el ministro de Industria Miguel Sebastián", lo que supone "un espaldarazo a las tesis del Gobierno de Aguirre, que el pasado 14 de mayo decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el RDL que aprobaba la creación de este servicio en la CNE al considerar que invadía competencias autonómicas y que estaba exento de motivaciones de urgencia".

INFORME JURÍDICO

La directora general de Consumo solicitó también un informe jurídico a los respectivos Ministerios relativo a la legalidad del cobro de un recibo sobre la base del consumo estimado, ya que ello podría vulnerar los derechos de los consumidores, porque "el cambio de facturación de bimestral a mensual a través de lecturas estimadas, que no beneficia a nadie, sólo pretendía encubrir una subida de la electricidad muy superior a la anunciada por el ministro Sebastián".

La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a los más de 10.000 consumidores que han presentado una reclamación en los últimos meses sobre este asunto, en la que dice que "además de comunicar que la empresa reclamada está procediendo a la revisión de la factura, se le informa de que la subida media real de las tarifas eléctricas ha sido del 21 por ciento frente al 4 por ciento anunciado por el Gobierno de España".

En la carta se explicita que "la legislación estatal que ha entrado en vigor en 2009 introduce una serie de cambios y subidas de la energía eléctrica en varios conceptos que, debido a su complejidad, está confundiendo a muchos consumidores". "La normativa aprobada por el Gobierno de España permite incrementos que van desde el 5 por ciento al 25 por ciento", concluyó.