Comunidad estudia una Ley de Competitividad del transporte que contemplaría la entrada del sector privado en la gestión

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional está trabajando en un borrador para un anteproyecto de Ley de Competitividad del Transporte en la región que, entre sus ejes centrales, abordará medidas para posibilitar la entrada del sector privado en la gestión y prestación de servicios (pensando en el caso de su presencia en empresas municipales de autobuses interurbanos), a la par que contribuirá a simplificar trámites administrativos que mejoren al sector.

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha aludido a la elaboración de este borrador durante su ponencia en el desayuno informativo organizado por Executive Forum con el objetivo de aplicar propuestas de "liberalización" y "desregulación" del sector en la región.

Cavero ha remarcado que, con este proyecto normativo aún en fase de elaboración, su departamento tratará de incorporar las "demandas" del sector privado y "quitará" burocracia en los trámites relacionados con el transporte. Como ejemplo de ello, ha comentado que dará más capacidad a los ayuntamientos en la gestión de las vías urbanas del municipio.

Fuentes de la Consejería de Transportes han explicado que este borrador contemplará fórmulas para la posibilidad de incorporar al sector privado en aspectos de gestión del transporte. Como ejemplo concreto de ese objetivo, aluden al caso de las empresas municipales de transportes de los municipios de Madrid que prestan servicio de autobuses urbanos.

Al respecto, las mismas fuentes indican que la mayoría de estas sociedades son 'publicas' y prestan directamente el servicio. Por tanto, se trataría de favorecer la posibilidad la entrada del sector privado para la prestación de rutas (en el caso de determinadas líneas, como ejemplo) o aplicar un modelo similar al caso de los autobuses interurbanos (que tiene gestión externalizada).

En este sentido, se aluden a que la incorporación del sector privado resulta sencilla en el caso de servicios de buses urbanos de ciertos municipios.

Por otro lado y en el apartado de trámites administrativos, las mismas fuentes aluden a la simplificación de los trámites administrativos para transportistas autónomos. En este caso, aluden a la posibilidad de que las solicitudes de actividad (por ejemplo, para un transportista que usara un vehículo de 3,5 toneladas para servicios de reparto) se pudieran realizar por vía telemática y solicitar simplemente una declaración de responsabilidad jurada.

En este marco también se incluiría como medida de simplificación de trámites el caso de la gestión de las vías urbanas por ayuntamientos. En este caso concreto, desde la Consejería se pone como ejemplo la construcción de un centro comercial en un municipio concreto implicaba que el desarrollo de vías urbanas que requerían el visto bueno de ayuntamientos y la Comunidad. Con el anteproyecto, se limitaría al caso del Ayuntamiento esa competencia.

Finalmente, desde la Consejería de Transportes indican que esta normativa contendrá un capítulo específico e "importante" para el caso de Metro. No obstante, las mismas fuentes han querido dejar claro que no se trata "en ningún caso de una ley para privatizar Metro" y que esta cuestión no se contempla por parte de la Comunidad.