Granados asegura que si el Gobierno Aguirre retoma el proyecto el coste será mucho menor a 1,500 millones de euros
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, avanzó hoy que el objetivo de la Comunidad de Madrid es disolver la sociedad Campus de la Justicia S.A., mientras que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid reclamó una fiscalización especial y urgente de las cuentas de la Ciudad de la Justicia para determinar en qué se han gastado los recursos públicos.
Durante la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid, Granados afirmó que "el objetivo de la Comunidad de Madrid es disolver la sociedad" y que a los ciudadanos "no les cueste un solo euro el mantenimiento" de las construcciones que ya están en pie, como es el caso del Instituto de Medicina Legal.
Asimismo, aseguró que si el PP y, en concreto, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre sigue adelante con el proyecto "será mucho más barato que 1.500 millones de euros y se adaptará estrictamente a las necesidades que tenga la Justicia en la Comunidad de Madrid".
El consejero explicó que esta medida entra dentro del proceso de "profundizar en el ahorro de costes" en el que se enmarca, según indicó, el cese del consejero delegado del Campus, así como de otro alto cargo.
En este punto, el diputado socialista Javier Gómez preguntó el porqué de haber precintado los portátiles de estos dos altos cargos nada más ser cesados, e hizo mención a la desaparición de un ordenador del Campus tras la salida del Ejecutivo regional del ex consejero Alfredo Prada. A este respecto, Granados indicó que no conoce el caso pero que se habrá seguido el "procedimiento habitual".
"Explique el coste real del Campus", espetó Gómez a Granados, al que reclamó que explique el contenido de un informe interno que dice que los edificios "no se ajustaban a las necesidades reales" de la justicia madrileña, que se cometieron "errores pueriles" en la construcción o que los edificios podrían acoger 345 juzgados cuando la necesidad real era de 416, de manera que el proyecto "nacía corto", o que el coste de 1.500 millones de euros.
Por su parte, Granados, que dijo que el proyecto se va a financiar con la venta de edificios de los activos de la Comunidad de Madrid, repitió las cifras que ya lanzó el jueves pasado. Así, afirmó que se han adjudicado 308,2 millones de euros, de los que se han ejecutado obras por 56, 6 millones euros.
En la primera fase de urbanización se han ejecutado 30,1 millones de euros, y en el instituto de Medicina Legal 25,5 millones de euros, IVA incluido, señaló, y apuntó que en la redacción de los proyectos básicos se han ejecutado 27,5 millones. Además, la resolución de los contratos es de 3,7 millones de euros sin IVA, que se corresponde con 119,7 millones de euros en obra contratada.
Asimismo, afirmó que quedan 91 millones en contratos vivos, de los cuales 17,7 están ejecutados, por lo que quedan 74 millones pendientes de liquidación. Señaló que se han invertido entre obras y proyectos 102 millones de euros y que el coste de rescisión previsto de los contratos pendientes es entre 6 y 12 millones de euros.
En cuanto a los gastos de primera piedra, dijo que la cifra coincide con los que alegan los socialistas, 1,3 millones, y aseveró que corrieron a cargo de una empresa y no de la Comunidad.
Por su parte, Gómez criticó el "derroche" y la "mala gestión" de la Comunidad en cuanto al Campus de la Justicia, y acusó a Granados de no querer acudir a comparecer porque le molesta tener que defender la gestión del director del área de Seguridad, Sergio Gamón. "Se va a morder y se va a envenenar. Eso es lo que le pasa", indicó.
En este sentido, dijo que tras la dimisión de Gamón le sorprende la "manía que tiene con los ordenadores", ya que cuando llegó a Justicia "desapareció un ordenador". "También me sorprende otra cosa: un miembro de la seguridad es cesado por el consejero delegado y nombrado asesor suyo para asuntos del Campus. Una cosa y otra me genera muchas dudas", aseveró.
Por último criticó que "han dilapidado 7,5 millones de euros en actos", algo con lo que coincidió la diputada de IU Sabanés, que reclamó explicaciones al consejero Granados. "Si nos ha costado ya la broma 100 millones de euros y nos hemos gastado, directa o indirectamente, 7,5 millones de euros, me tendrá que explicar si hay alguna adjudicación más donde han cobrado ese 1,5 por ciento también en actos etc.", espetó Gómez a Granados.
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