MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha anunciado este viernes que el Gobierno realizará 23 campañas de inspección de consumo este año tras retirar del mercado 100.000 productos en 2013 por ser "peligrosos o inseguros" para el consumidor.
En concreto, la Comunidad reforzará "el control y la inspección" de productos, bienes y servicios a disposición de los consumidores en 2014 con un Programa de Inspección que "incluye 23 campañas", dos más que en 2013, cuando se realizaron un total de 21.
De estas 23 campañas --que pueden convertirse en 24 "si se llega a un acuerdo" con los ayuntamientos para hacer una sobre locutorios telefónicos-- 17 se realizarán a nivel autonómico y seis se harán a nivel nacional, como ha indicado Ossorio durante la presentación del programa de inspección de este año, cuyo objetivo es "proteger la seguridad de los consumidores, sancionando conductas que la pongan en riesgo o lesionen sus legítimos intereses económicos".
Las seis campañas nacionales, en las que el Ejecutivo autonómico colabora con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), destacan, por el "elevado número de reclamaciones presentadas por los consumidores, las relativas a gasolinas y gasóleos; empresas de servicios funerarios; servicios de tarificación adicional (líneas de voz y mensajería, SMS Premium y concursos de TV); así como los centros de depilación láser, donde hay "un elevado número de quejas relacionados con los daños en la piel", ha señalado el consejero.
Las inspecciones permiten al Ejecutivo regional, en el ejercicio de sus competencias, "examinar" empresas y "revisar" las condiciones de productos de consumo, "para comprobar su adecuación a la legislación vigente en esta materia". Para ello, la Dirección General de Consumo, desarrollará estas campañas en colaboración con municipios madrileños, el Estado y el resto de Comunidades Autónomas.
Los sectores que van a ser "objeto de control" se han seleccionado en función de la incidencia de las denuncias y reclamaciones recibidas y de la aplicación de nuevas normativas a determinados sectores que "merecen un control especial", ha puntualizado Ossorio.
INSPECCIÓN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA
Las campañas a nivel regional planificadas prevén controlar entre otras, las ofertas y promociones de empresas de telefonía, para "controlar aspectos como la información precontractual" o los precios.
También se efectuarán dos campañas centradas en el mercado de la vivienda, una relativa a la publicidad en alquileres y otra sobre la vivienda de segunda mano en entidades bancarias, que como ha explicado el consejero, es una iniciativa "pionera" que permitirá revisar las cláusulas de adquisición por parte de los consumidores.
Ossorio ha indicado también que "los juzgados y tribunales comienzan a aplicar legislación de consumo al mundo bancario" y por eso, el Ejecutivo autonómico, "sin invadir competencias que no son suyas", ha planificado una campaña para la revisión de cláusulas abusivas en entidades bancarias, así como acerca de la contratación de préstamos en entidades no bancarias.
Según el consejero habrá otras de continuidad sobre el control de establecimientos de "compro oro", campaña que ha tenido "mucha repercusión mediática"; así como revisión de páginas web de aerolíneas y el comercio electrónico.
Durante este año, los servicios de inspección también desarrollarán dos campañas de toma de muestras a través del Centro de Investigación y Control de la Calidad, una de ellas sobre artículos que suelen venderse en Navidad.
BALANCE DE 2013
El año pasado la Dirección General de Consumo programó 19 campañas, aunque finalmente se realizaron 21, de las que 16 fueron de carácter regional y 5 de carácter nacional, y en ellas se inspeccionó un total de 533 empresas y establecimiento comerciales y se revisó las condiciones de 214 productos.
En 2013, las campañas de carácter nacional incluyeron el etiquetado energético de electrodomésticos; el etiquetado y seguridad de pilas y cargadores o el control general de publicidad comercial, entre otras.
Cuatro de las campañas regionales llevadas a cabo fueron de continuidad, como la del comercio electrónico. Por otro lado, 12 campañas se realizaron de oficio, entre las que destaca el control de empresas de servicios a domicilio o la de garantías sobre productos duraderos.
Consumo también realizó una campaña regional de etiquetado de neumáticos, como ha indicado Ossorio, y otra de inspección de establecimientos de compraventa de oro, en la que "más de la mitad" de los establecimientos presentaron "irregularidades". Otras campañas inspeccionaron centros de enseñanza no reglada o la contratación de electricidad y gas.
El consejero ha hecho una mención "especial" a la campaña extraordinaria realizada en materia de empresas de gas, de instalación y mantenimiento, en la que se inspeccionaron 16 entidades. Ossorio ha remarcado que "se detectó que había algunas empresas que se dirigían especialmente a gente de avanzada edad".
Según el consejero, a estas personas "no se les informaba bien del coste de los servicios que se les iban a prestar", "se utilizaban amenazas a veces de corte de suministros para exigir el pago en efectivo" o "se obligaba a suscribir contratos de mantenimiento que a veces no se querían", e incluso "se detectó algún caso en el que se manipulaban las instalaciones averiándolas", lo que "es el colmo", ha indicado.
Como resultado, ha señalado Ossorio, "hubo que acudir a la fiscalía, se dio parte a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria". Además se iniciaron diez expedientes sancionadores.
MÁS DE 100.000 UNIDADES DE PRODUCTO RETIRADAS DEL MERCADO
En cuanto a las cifras, en total la Comunidad realizó actuaciones de inspección en un total de 4.440 expedientes, la mayoría relativos a productos (un 35 por ciento), seguidos por los referidos a servicios (34 por ciento), seguridad (22 por ciento) y vivienda (9 por ciento).
De las actividades inspectoras, la mitad derivaron de denuncias, un 29 por ciento lo hicieron de comunicaciones de otros organismos y un 8 por ciento de actuaciones de oficio.
De los 135 expedientes sancionadores iniciados en 2013, por multas que superaron los 700.000 euros, se imputaron 226 infracciones, más de la mitad (53,6 por ciento) fueron leves, pero un 45,5 por ciento resultaron graves, mientras que sólo un 1 por ciento fueron muy graves.
Finalmente, el año pasado se retiraron del mercado más de 100.000 unidades de producto, por resultar inseguras o peligrosas, de las que un 37 por ciento fueron devueltas a su origen y un 63 por ciento fueron destruidas. En cuanto a las subsanadas, fue posible corregir el defecto y volver a comercializar más de 95.000 unidades.
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