La Comunidad reclama al Gobierno que no imponga la subida del Impuesto de Sucesiones porque sería "una involución"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, reclamó hoy al Gobierno central que renuncie a imponer un mínimo común sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las comunidades autónomas ya que, a su juicio, es una medida que supone una "involución" en las competencias autonómicas y que provocaría una mayor presión fiscal en regiones como Madrid, en la que este tributo está prácticamente eliminado.

También advirtió de que, de llevarse a cabo, esta medida supondría un "grave perjuicio" para la dinamización de economías como la madrileña, al afectar a la inversión y al consumo. "Esto es una involución en las competencias económicas que la Comunidad de Madrid no está dispuesta a tolerar, por lo que hará todo lo que esté en su mano para que no ocurra", aseveró.

En rueda de prensa, el consejero explicó que durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera le preguntó al vicepresidente económico, Pedro Solbes, si era cierto que el Ejecutivo se estaba planteando la creación de un impuesto mínimo de Sucesiones obligatorio para todas las autonomías.

"La información que dio Solbes es que sí. Que el Gobierno tiene intención de establecer ese impuesto porque figura en el programa electoral del PSOE, que lo llevará al Parlamento", dijo Beteta, quien añadió que, de momento, no hay fecha para la implantación de esta actuación.

"AGRAVARÁ LA SITUACIÓN DE CRISIS"

El titular madrileño de Economía consideró que esta propuesta "es una hecho gravísimo" para la Comunidad de Madrid de cara a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico. Desde su punto de vista, es "incoherente" que la Administración central hable de corresponsabilidad fiscal "manteniendo el planteamiento de efectuar una vuelta atrás en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones".

"Resucitar dicho impuesto significaría detraer más recursos a los contribuyente, con lo que, en todo caso, se agravaría la situación de crisis económica", apostilló Beteta, quien mantuvo que el restablecimiento del tributo afectaría a la seguridad jurídica de los contribuyentes "que verían como en cuatro años se inicia por las comunidades autónomas una reforma del impuesto propugnado por la mayoría de la doctrina y una contrarreforma por el Gobierno en el sentido contrario".

El consejero manifestó que la reforma "no conseguiría la uniformidad territorial que dice pretender" Solbes ya que, argumentó, estos cambios no afectarán a las comunidades forales en las que el Impuestos de Sucesiones y Donaciones "no tiene carácter de tributo cedido sino el de tributo propio concertado de normativa autonómica".

AHORRO DE 1.400 MILLONES DE EUROS

Para argumentar sus afirmaciones, Beteta hizo un repaso por la evolución del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad de Madrid. Así, sostuvo que el ahorro anual que supone para los madrileños está estimado en 1.400 millones de euros, lo que supone entre 2 y 5 décimas del Producto Interior Bruto (PIB) destinado bien a consumo bien a inversiones.

Según apuntó, antes de la reforma del tributo, en la Comunidad de Madrid existían muy pocas donaciones declaradas, apareciendo numerosas operaciones que se realizaban por la vía de hecho sin la oportuna declaración tributaria.

De este modo, en 2005 solamente se produjeron en Madrid 3.725 autoliquidaciones y una cuota de 19 millones de euros, mientras que, tras la reforma, se originaron en la región 28.225 donaciones en 2006 y 29.434 en 2007, con una recaudación de 23 millones de euros en ambos casos.

"Bajando impuestos aumentan las donaciones y se recauda más. Creo que pone de manifiesto la auténtica incongruencia de la política que quiere llevar a cabo el Gobierno porque, de volver este impuesto, se entorpecería la actividad económica y se desincentivaría el ahorro sin que hubiera garantía de obtener una mayor recaudación", indicó.

POLÍTICA LIBERAL

Beteta también insistió en que la política económica liberal de la Comunidad "ha contribuido" a la dinamización de la economía madrileña y ha favorecido la actividad empresarial y la creación de empleo y riqueza en la región. Frente a ello, señaló que al PSOE "le gusta subir los impuestos", algo a lo que, según dijo, la Comunidad de Madrid se opone y por lo que tratará de "mover" a otras comunidades autónomas.

En este sentido, subrayó que la no deflacción de la tarifa del IRPF es una muestra dela "cara antigua" del Gobierno de subir los impuestos. "Este sistema yo-yó es una tomadura de pelo para los ciudadanos, ya que por un lado se mantienen los 400 euros y por otro no deflactan la tarifa. Esta política no da confianza", zanjó.

Al ser preguntado por las dificultades que esto supone para elaborar los presupuestos de 2009, Beteta precisó que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno se ratificó en el documento sobre financiación que se había planteado y remitido a las comunidades autónomas y anunció que habría una segunda ronda de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas.

Señaló que a las comunidades autónomas "no les queda más remedio" que funcionar a través de los mecanismos que incluyen el actual modelo, es decir las entregas a cuenta y los anticipos a cuenta de la liquidación.

"Habrá que ver si las previsiones que ha hecho la Agencia Tributaria y que figuran en los Presupuestos Generales del Estado se atienen con la recaudación real y en el próximo año nos pagan o no los anticipos, pero esto es el devenir de la recaudación no lo que dice el modelo. En el caso de que se acuerde a lo largo del ejercicio un sistema de financiación que rija para 2009, todo cambiará", dijo el consejero.

En este sentido, recordó haber leído que el Ministerio de Hacienda no descartaba que hubiera un crédito extraordinario para financiar la aprobación de un nuevo sistema de financiación, pero, según Beteta, Solbes no informó sobre este extremo.

Sin embargo, destacó que el vicepresidente económico sí que habló del Impuesto de Patrimonio que, "sin decir cuál sería el método en el que se llevaría a cabo la compensación a las comunidades autónomas, se indicó que una vez que se aprobara la Ley de supresión se aprobaría un crédito extraordinario para compensar a las autonomías".