La Comunidad se reúne con el sector ganadero para consensuar indemnizaciones a pastores que sufran ataques de lobos

APAF-MADRID/EP

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se ha reunido este jueves con representantes del sector ganadero con el objetivo de consensuar la puesta en marcha de indemnizaciones que favorezcan a aquellos ganaderos madrileños cuyos rebaños sufran ataques de lobo.

Los responsables de la Consejería plantearon a los representantes de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores (UGAMA) un mecanismo para certificar estos incidentes. Así, cuando se produzcan ataques por lobo al ganado, los ganaderos deberán comunicar dicha incidencia a los servicios oficiales de la Dirección General del Medio Ambiente, para que técnicos especialistas visiten las explotaciones ganaderas afectadas y puedan comprobar y evaluar los daños ocasionados por estos animales. Una vez comprobada la causa, se iniciará la tramitación de las indemnizaciones correspondientes.

Además, la Comunidad de Madrid habilitará los procedimientos necesarios para informar y asesorar a los ganaderos madrileños en materia de medidas preventivas, la mejora de la seguridad de los corrales y apriscos ganaderos, la utilización de vallados y el empleo de animales de la especie canina de raza mastín.

Todo ello con la finalidad de minimizar el efecto negativo que la especie amenazada de lobo ibérico (Canis lupus signatus) origina en la región y conseguir conciliar el normal desarrollo de la actividad ganadera con la presencia testimonial de ejemplares de este animal.

Según los técnicos de la Comunidad de Madrid, la presencia de lobo en la región tiene carácter intermitente. Su procedencia son las poblaciones ya asentadas en la provincia de Segovia que se expanden hacia el sur en busca de nuevos territorios.

En la actualidad nos encontramos en la época previa al celo de la especie, lo que aumenta el nomadeo de ejemplares. La población estimada en la región podría cifrarse entre tres y cinco individuos que no están asentados con carácter permanente en el territorio de la Comunidad, y que se desplazan entre la provincia de Segovia y un arco que comprende aproximadamente las carreteras A-1 y A-6 en la Comunidad de Madrid, ha informado la Consejería.