MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
De luto riguroso por "la muerte por atraco a concesión armada" de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios: así se presentaron hoy los cinco concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida al Pleno extraordinario y monográfico sobre el 'caso Funeraria", celebrado en la Casa de la Villa.
Al ser preguntado por los periodistas sobre a quién iba a dar el pésame, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, contestó con un tajante "a los madrileños, claro", al considerar que son los principales perjudicados por una sentencia fallada después de que, 16 años atrás, su Grupo Municipal interpusiera una denuncia, con la que se iniciaba la investigación de las supuestas irregularidades de la privatización parcial de la funeraria municipal. En 1992 la Funeraria vendió el 49 por ciento de las acciones a Funespaña por el simbólico precio de 100 pesetas.
El delegado de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, recordó, ante los requerimientos de la oposición sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, que no existe ningún acuerdo sobre una posible "privatización o municipalización" de la compañía.
"El Ayuntamiento no puede comprometerse a renunciar a adoptar las decisiones que correspondan en función del interés general porque eso sería una irresponsabilidad", anunció Calvo, que destacó que la plantilla no se ha visto reducida desde la entrada en ella de Funespaña. "En 1992 el personal laboral era de 594 cuando actualmente es de 580", explicó tras asegurar que la solvencia económica de la empresa va estrechamente ligada al mantenimiento de los empleos.
Por su parte, el concejal de IU Ángel Lara hizo un llamamiento a los trabajadores de Funeraria, para que se pongan "en pie de guerra" porque "cuando se produzca el fallo en casación se verá la decisión de privatizar que tiene el equipo de Gobierno".
Una representación de estos trabajadores, ataviados con camisetas naranjas en las que se podía leer su oposición a una posible privatización de la empresa, señalaron a Europa Press que les resulta indiferente "lo que pase o deje de pasar con Funespaña", ya que lo único que les preocupa es que la empresa mixta "pase a ser completamente privada y se pierdan los puestos de trabajo".
Una sentencia de la Audiencia Provincial condenó en el 'caso Funeraria' al ex concejal del PP José María Huete, teniente de alcalde en el Gobierno de José María Álvarez del Manzano, a dos años y un día de inhabilitación para ejercer como cargo público por un delito prevaricación. El fallo absolvió a los ediles populares Simón Viñals y Antonio Moreno de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Hizo lo mismo, al haber prescrito los delitos de falsedad documental y tráfico de influencias, con los hermanos José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña, así como a su ex presidente José Ignacio Rodrigo. La oposición del Ayuntamiento de Madrid ya anunció su intención de recurrir en casación la sentencia del 'caso Funeraria' ante el Supremo como acusación popular.
