Concluye el juicio por el asesinato de un joven en Fuenlabrada con la queja de defensas de falta de pruebas

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el asesinato a tiros de un joven en octubre de 2022 a las puertas de una discoteca de Fuenlabrada ha quedado visto para sentencia con el alegato de las defensas centrado en la falta de pruebas "sólidas" y de basar en "conjeturas" una acusación que se sustenta en llamadas telefónicas por la que se piden penas de prisión permanente revisable.

El jurado popular tendrá ahora que deliberar sobre la responsabilidad de los cuatro acusados, considerado uno de ellos el autor intelectual de los hechos y jefe del coro del barrio madrileño de Campamento de los Dominicans Don't Play (DDP).

Las defensas han solicitado la libre absolución al no quedar acreditada su autoría, reprochando que la prueba no se puede sustentar en la interpretación de la Policía Nacional de las conversaciones telefónicas interceptadas después de los hechos.

El fiscal mantuvo ayer su acusación principal y solicitó prisión permanente revisable para el considerado autor intelectual del crimen, al que atribuye la planificación del ataque.

En su exposición final, el portavoz del Ministerio Público defendió la existencia de un "conjunto amplio de indicios incriminatorios" que, en su opinión, acreditan la participación de los procesados en el entramado criminal y en la ejecución del asesinato.

PRUEBAS PARA LA ACUSACIÓN

En su turno, el abogado de la familia del fallecido, el letrado Jose Andrés Cervera, ha señalado como pruebas las escuchas telefónicas, el volcado de dispositivos móviles y el material intervenido en los registros, como imágenes de los acusados portando armas y símbolos vinculados a la banda.

Asimismo, ha destacado la existencia de documentación interna sobre el régimen de la organización, hallada en uno de los domicilios, así como un libro de contabilidad que reflejaría la estructura y funcionamiento del grupo.

La acusación sostiene además que existía una jerarquía interna dentro de la banda, con normas propias y mecanismos de control, incluso con castigos autoimpuestos, lo que reforzaría la tesis de organización criminal. También ha subrayado la supuesta compra de armas y munición, así como la existencia de vídeos y mensajes que, a su juicio, evidencian apología de la violencia y una voluntad de control territorial.

Otro de los elementos destacados es la declaración de uno de los implicados que conducía la furgoneta utilizada en los hechos, quien en sede policial habría señalado directamente al principal acusado como autor intelectual indicando que dio instrucciones sobre el desplazamiento y la ejecución del ataque.

FALTA DE PRUEBAS

En contraste, las defensas han cuestionado la solidez de la acusación, reprochando que el caso se sustente en inferencias y no en pruebas directas concluyentes. Han insistido en la ausencia de evidencias que acrediten órdenes concretas para cometer el asesinato o la existencia de una estructura jerárquica claramente demostrada.

En particular, el abogado defensor del principal acusado ha criticado que se pretenda construir una "certeza moral" basada en indicios que, a su juicio, incurren en contradicciones y no alcanzan el estándar probatorio necesario para una condena.

Ha señalado que las identificaciones policiales no han tenido consecuencias penales en actuaciones previas y que no existe prueba directa que vincule a su defendido con la planificación del crimen ni con la supuesta posición de liderazgo en la banda.

En la misma línea, ha destacado que no hay acreditación suficiente de su participación en los hechos, ni de su papel dentro de la organización, calificando la acusación de meras conjeturas. También ha cuestionado la interpretación de las comunicaciones telefónicas y la valoración de los elementos indiciarios aportados por la Fiscalía.

El abogado Pablo Corral, letrado del considerado cómplice del principal procesado, ha asegurado que las llamadas telefónicas en las que se sustenta la acusación no acreditan la cooperación ni el conocimiento de su cliente en los hechos juzgados.

"La complicidad no se presume ni se puede construir con sospechas. La sospecha no condena", ha aseverado solicitando al jurado popular un veredicto de inocencia para su cliente.

El caso gira en torno al asesinato de un joven a las puertas de una discoteca en Fuenlabrada, en un ataque que, según la investigación policial, estaría relacionado con conflictos entre bandas juveniles.

La acusación que conforman el fiscal y el letrado de la familia de la víctima mortal sostienen que el crimen fue planificado como represalia hacia la banda de los trinitarios, mientras que las defensas rechazan cualquier vinculación organizada de sus representados con los hechos.

Con el juicio concluido, el jurado popular deberá ahora deliberar y emitir un veredicto que determinará la responsabilidad penal de los acusados.