Condenado a prisión permanente el cuidador que estranguló a un anciano y ocultó su cadáver en un bidón

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a prisión permanente revisable al acusado del asesinato de Manuel López Borrajo, de 89 años, a quien cuidaba desde 2016 y con quien convivía en el domicilio familiar del acusado en San Martín de Valdeiglesias.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se dicta tras el veredicto unánime de culpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado, en el que se apreció la concurrencia de alevosía y la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de su edad y estado de salud, lo que agrava la calificación penal.

Además del delito de asesinato, el fallo condena al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida por haberse apoderado de más de 96.000 euros de las cuentas bancarias del fallecido tras causarle la muerte.

La resolución impone también cinco años de prisión por este ilícito patrimonial, multa e inhabilitaciones, así como el comiso de 63.950 euros intervenidos en el registro domiciliario.

La sentencia declara probado que el 12 de julio de 2023, tras recoger a Manuel López Borrajo del hospital, el acusado inició el trayecto de regreso en su vehículo. Esa misma tarde, ya en el interior del coche, ambos mantuvieron una discusión. En ese contexto, el acusado estranguló a la víctima ejerciendo una intensa presión sobre su cuello.

ATAQUE "INESPERADO"

Los informes forenses acreditaron una fractura bilateral de las astas tiroideas superiores con hemorragia asociada, lesión compatible con un mecanismo de compresión cervical extrínseca, ya fuera manual o mediante lazo. El tribunal subraya que el ataque fue inesperado y sorpresivo.

La víctima, de 89 años, delgada, con importantes limitaciones para la movilidad y recién dada de alta hospitalaria, se encontraba en una situación de marcada dependencia.

Según los informes médicos valorados en el juicio, presentaba graves dificultades para deambular, había sufrido caídas reiteradas y precisaba ayuda constante.

El jurado consideró probado que la agresión se produjo de forma súbita, aprovechando la relación de confianza derivada de siete años de convivencia y cuidados, lo que privó al anciano de cualquier posibilidad real de defensa.

Tras causarle la muerte, el acusado trasladó el cadáver en su vehículo hasta el domicilio que compartían y lo ocultó en un trastero del inmueble.

Introdujo el cuerpo en un bidón azul de plástico, lo cubrió con cal para retardar la descomposición y construyó una estructura de madera a modo de caja para disimular su contenido. Durante más de dos meses, el cadáver permaneció oculto en el trastero.

El 19 de septiembre de 2023, el acusado cargó la caja con el bidón en otro vehículo de su propiedad y se desplazó a una finca situada en el paraje Zarramudo, en el término municipal de Sotillo de la Adrada (Ávila), con la intención de deshacerse del cuerpo. Esa misma noche fue localizado por la Guardia Civil en el interior de la finca.

Al día siguiente, en presencia de la comisión judicial, se procedió a la apertura del vehículo y al levantamiento del cadáver, que se encontraba en posición fetal dentro del bidón, cubierto por cal.

La sentencia destaca que el acusado, en el momento de ser interceptado, manifestó espontáneamente a uno de los agentes que había hecho "cosas muy malas" y reconoció haber estrangulado al anciano tras una discusión a la salida del hospital.

El relato recoge igualmente que, una vez fallecido Manuel López Borrajo, el acusado realizó múltiples operaciones bancarias con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito.

Entre el 24 de julio y el 28 de agosto de 2023 efectuó cuatro transferencias desde una cuenta del BBVA titularidad de la víctima a otra de su propiedad, por un total de 39.300 euros.

Asimismo, llevó a cabo 68 retiradas de efectivo entre el 12 de julio y el 15 de septiembre por importe global de 56.800 euros, además de dos cargos adicionales en otra cuenta de Caixabank por 630 euros.

En el registro practicado el 21 de septiembre en el domicilio del acusado se localizaron 63.950 euros en una caja metálica, cantidad que el tribunal considera vinculada a las operaciones bancarias realizadas tras la muerte.

La resolución señala que el acusado disponía de las tarjetas físicas de la víctima y conocía sus claves de seguridad, circunstancia que facilitó las extracciones masivas de efectivo en las semanas posteriores al fallecimiento.