La Consejería de Justicia impulsará un organismo europeo que unifique las políticas de reinserción de menores

El Defensor del Menor asegura que "educar bien es el arma más potente para evitar situaciones de riesgo"

Europa Press Madrid
Actualizado: miércoles, 13 febrero 2008 16:20

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia impulsará la creación de un organismo europeo que unifique las políticas en materia de reeducación y reinserción de menores y homogenice la legislación sobre la responsabilidad penal del menor entre los países miembros de la Unión Europea.

Así lo adelantó hoy el vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, durante la clausura del I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de los Menores, organizado por la Agencia para la Reeducación y Reinserción para el Menor Infractor. En el cierre del Congreso intervinieron también el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.

La Comunidad de Madrid tiene claro que la única manera de combatir el incremento de la delincuencia perpetrada por los menores es desde una perspectiva global en el seno de la Unión Europea. La aparición de nuevas formas de violencia como el acoso escolar, el maltrato familiar, el vandalismo callejero o la pertenencia a determinadas bandas violentas obliga a aumentar la cooperación judicial del marco europeo.

De cara a caminar hacia un modelo de Justicia penal juvenil, Prada subrayó que la creación de un organismo común de debate facilitaría "no sólo el estudio permanente de este fenómeno, sino la difusión de sus resultados y el asesoramiento a las autoridades competentes en la toma de decisiones.

Si otros países miembros de la UE comparten el mismo criterio que la Consejería de Justicia, la propuesta se trasladará al comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, a fin de que la idea se consolide.

Entre otras conclusiones, el viceconsejero subrayó que del Congreso se extrae la necesidad de establecer unas orientaciones comunes a todos los Estados miembros que abarquen desde "políticas de prevención, pasando por el tratamiento policial y judicial de los menores en conflicto hasta llegar a su reeducación y reinserción".

Recalcó, asimismo, la importancia de desarrollar programas comunitarios que garanticen la formación especializada y permanentemente actualizada de los profesionales que participan en los procesos de intervención con menores infractores.

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS

Por su parte, el Defensor del Menor se mostró partidario de que en casos excepcionales de delitos graves cometidos por menores se apliquen "medidas excepcionales", como imposiciones educativas obligatorias. "Se trata de que los menores no confundan inimputabilidad con impunidad", subrayó.

A juicio de Canalda, es "injusto" que los adultos que pueden inducir a la comisión de alguna infracción penal queden al margen de la Ley. Por ello, sugirió que, en estos supuestos, se contemple la posibilidad de imponer sanciones como la pérdida de ayudas económicas a los padres.

Para el Defensor del menor, "la prevención del primer delito y de la reincidencia requiere de sistemas de intervención coordinada de la Administración pública a través de los educadores de calle". "Educar bien es el arma más potente para evitar situaciones de riesgo", recalcó.

EL ESTADO, RESPONSABLE SUBSIDIARIO

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Javier Gómez Bermúdez, planteó en su intervención que el Estado responda subsidiariamente de los delitos cometidos por menores.

El magistrado se preguntó si, en una "sociedad democrática y desarrollada como la española en la que la enseñanza es obligatoria hasta una cierta edad", no debería el Estado hacerse cargo de las consecuencias civiles de los delitos cometidos por menores, ya que si éstos infringen la ley es porque han sufrido "un defecto educacional o de socialización".

Además, indicó que las víctimas de los delitos de menores piden que se sustituya el criterio biológico por el criterio de la madurez a la hora de juzgar al infractor, pero el juez consideró que esta medida "ni mitigaría el dolor de las víctimas ni solucionaría el problema".

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