Publicado 01/08/2019 11:37CET

Consejería de Natalidad, libertad de educación moral y control de MENAS, puntos que Vox mantiene para desbloquear Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio (c),  presenta el documento definitivo para apoyar la investidura de la candidata del PP como presidenta de la Comunidad de Madrid. En la rueda de prensa le acompaña la diputada de VOX en en
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio (c), presenta el documento definitivo para apoyar la investidura de la candidata del PP como presidenta de la Comunidad de Madrid. En la rueda de prensa le acompaña la diputada de VOX en en - Ricardo Rubio - Europa Press

El documento presentado por Vox es casi idéntico al de Murcia pero deja fuera, entre otras cuestiones, los programas de violencia intrafamilar

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha mantenido en su documento "definitivo" para respaldar la investidura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso en Madrid una Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad para apoyar la maternidad, la libertad de educación moral de los padres y asegurar que ningún menor extranjero no acompañado (MENAS) no ingresa en los centros de acogida de la región sin comprobar antes de forma "fehaciente" su edad.

Esto son los principales puntos que Vox propone a PP y Cs para apoyar la investidura de Díaz Ayuso como nueva presidenta regional y poner en marcha el nuevo Ejecutivo autonómico que abanderarán ambas formaciones, pues el partido explicita su renuncia a formar parte del Ejecutivo.

"Esta propuesta no compromete a Vox como socio de gobierno. Desde una leal oposición, defenderemos en su integridad nuestro programa político, tal y como nos comprometimos con nuestros electores", especifica el documento presentado hoy por su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio.

En este documento se mantienen aspectos que la formación de Santiago Abascal ya había consensuado con el PP en los diversos contactos previos, como reducir al "máximo" todos los impuestos de la Comunidad de Madrid (o incluso eliminar tributos), no incrementar la deuda y mantener una política de eficacia en el gasto público.

Otro aspecto que figura en el documento de Vox es la racionalización de la estructura del sector público regional, con la premisa de eliminar aquellas estructuras o entes que "no respondan a criterios razonables de uso del dinero público".

Un elemento que se mantiene del texto limado anteriormente con el PP es la puesta en marcha de una auditoría sobre las subvenciones públicas otorgadas durante la legislatura "con determinación de su importe, destinatario, fines y acceso a la memoria de ejecución" con el fin de garantizar "que los fondos públicos no van destinados a entidades de carácter ideológico".

Vox también exige que los recursos de cooperación al desarrollo primen aquellos proyectos para frenar la despoblación de zonas rurales o que los importes que procedan de la reducción del sector público, deberán destinarse a educación, sanidad y ayudas a la dependencia y discapacidad. En el apartado de la enseñanza exige el desarrollo del 'cheque escolar' de forma progresiva y fija su inicio en la etapa de 0 a 3 años de Educación Infantil.

Una de las propuestas 'estrellas' de Vox y que mantiene para ser aceptada ante PP y Cs es que la actual Consejería de Asuntos Sociales y Familia pase a llamarse Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad "para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad".

También insiste en las referencia a garantizar "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones", para lo cual se introducirán mecanismos "que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de los hijos".

En el último documento presentado por Vox, en la parte de prosperidad, desaparecen todas las referencias que esta formación hacía sobre instar a la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC) a elaborar un informe acerca de la razonabilidad de las empresas públicas desde el punto de vista de la competencia y sobre los criterios utilizados para la determinación de tasas, tarifas y precios públicos.

De hecho, también se recogía un punto para instar a todas las empresas participadas de la Comunidad de Madrid e instar a que la CNMC analizara su rentabilidad con el "objetivo de realizar las desinversiones adecuadas que permitan limitar el riesgo asumido por la Comunidad de Madrid". En el nuevo texto no aparece nada.

Del documento final desaparece asimismo la petición que hacía Vox de implantar el Pin parental que asegurara la "conformidad de los padres con los contenidos de carácter ideológico a impartir por parte del centro educativo". Sí se deja la parte en la que se habla de respetar la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro, siempre que sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución.

En la parte de inmigración Vox mantiene su punto relacionado con los MENAS pero suprime la parte en la que hablaba de que en caso de que el extranjero "no disponga de documentación, permanecerá bajo tutela de la Audiencia Provincial hasta que pueda determinarse su edad mediante procedimientos respetuosos con los derechos humanos".

Ahora, el partido dirigido por Santiago Abascal postula que se "asegurará que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad". "En caso de no cumplirla, la Administración regional se pondrá en contacto con los organismos competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos necesarios contemplados en nuestras leyes", ahonda Vox.

También se elimina el apartado en el que se hablaba del turismo sanitario y la atención médica a las personas que se encuentran en situación irregular en España. Vox proponía, "dado que los recursos de los madrileños no son ilimitados", colaborar con la Administración General del Estado para asegurar el cumplimiento estricto de los acuerdos en materia de atención sanitaria, "potenciando los mecanismos de facturación y cobro efectivo del gasto sanitario" de este colectivo.

En materia de acoso, Vox especifica que se aprobarán "los protocolos existentes en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación". "Se asegurará que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que las víctimas tengan diferentes grados de protección", añade en este documento que no reclama la derogación de las ley de LGTBifobia, como ya había consensuado con el PP.

TEXTO CASI IDÉNTICO AL DE MURCIA

El documento entregado por Monasterio este jueves es casi idéntico al que he permitido que Fernando López Miras sea ya presidente de la Región de Murcia. De hecho, el encabezado, donde se habla de facilitar la investidura y de no comprometer a Vox como socio de gobierno, es calcado.

Asimismo, Monasterio ha introducido puntos que en un principio no había recogido y que sí contemplaba su partido en Murcia, como la defensa de la libertad de cátedra o la puesta en marcha del chequé escolar.

En el apartado de inmigración, el punto que habla sobre los centros de acogida de los MENAS es también idéntico, y habla de revisar la política de creación de los mismos. Coinciden en la parte de destinar los recursos procedentes de la reducción de gasto político y del sector público a educación, sanidad, dependencia y discapacidad.

Lo que no ha introducido Madrid en su texto y llamó más la atención en Murcia, cuando el ya presidente lo asumió en su discurso, es la parte en la que se hace referencia a la violencia intrafamilar.

Murcia sí que se compromete a desarrollar programas de prevención de cualquier tipo de esta violencia y a desarrollar una Ley de Protección integral de las familias pero en la Comunidad no se hace ninguna referencia al respecto aunque sí consigue meter el término Natalidad en la Consejería de Asuntos Sociales.

También se queda fuera las deducciones autonómicas de IRPF y puntos muy particulares de esta Región como el Plan Hidrológico Nacional, una Ley de Protección integral del Mar Menor, o elaborar en un plazo de seis meses un plan económico y de gestión para los centros de salud.

En Murcia también hay puntos concretos que recogen una Ley de Protección a la Mujer Embarazada, ayudas a familias con miembros con discapacidad intelectual o el desarrollo de los cuidados paliativos. En Madrid no se recoge como tal.

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