La crisis inmobiliaria reduce casi un 11% los ingresos de la Comunidad en concepto de impuestos, hasta 2.420 millones

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recaudó, hasta el mes de septiembre, un total de 2.420 millones de euros por los impuestos relacionados con las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados, lo que supone un 10,7% menos que en el mismo periodo de 2006, como consecuencia de la crisis del mercado inmobiliario.

Así lo reveló la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que subrayó que la ralentización de las ventas inmobiliarias es claramente perceptible en estas cifras, que ascendían a 2.711 millones de euros en 2006.

En concreto, las transmisiones patrimoniales suman de enero a septiembre 1.321 millones, lo que supone una caída del 19%, y los actos jurídicos documentados 1.099 millones, un crecimiento de 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las previsiones para 2008 no son mejores. La Consejería de Hacienda del Gobierno regional ha calculado que la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales sufrirá una caída del 28%, es decir, por un valor de 600 millones de euros. Ello ha llevado a la elaboración de un presupuesto regional para 2008 más ajustado -- "absolutamente responsable", según la consejera-- , aún previendo que la tasa de crecimiento de la Comunidad de Madrid continuará cinco décimas por encima de la media. No obstante, de momento, la región no ha visto un retroceso del consumo en Madrid.

REBAJAS DE IMPUESTOS

El buque insignia de la política económica de Esperanza Aguirre es también la rebaja ordenada de impuestos (sucesiones, donaciones, rentas, patrimonio y transmisiones en las familias numerosas). De hecho, la Comunidad ha aprobado ya la retirada paulatina del impuesto de Patrimonio, que ahora el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que eliminará en toda España si gana las elecciones en primavera.

"Este impuesto está totalmente superado. Nació en 1977 con carácter extraordinario, básicamente, con la idea de saber dónde estaba la riqueza, a efectos de información, y nacía en un contexto de tipos del 10%, que actualmente están en el 2,5%. Ha perdido muchísimo sentido", manifestó Hidalgo.

En este primer año, la Consejería establecerá una primera fase de la reforma del Impuesto, con un tipo máximo que caerá del 2,5% al 1,5%. "Y así continuaremos los próximos años, algo que se verá reflejado en un incremento de la generación de confianza", indicó.

La eliminación de este tipo de gravámenes suponen, a juicio de Hidalgo, "poner dinero en el bolsillo de la gente", por lo que incentiva la economía. Ejemplo de ello son también las donaciones, que eran 2.800 en 2005, pero después de que su Consejería decidiera bonificar el impuesto de donaciones, la Comunidad registró 28.000 donaciones por un valor de 6.400 millones de euros, lo que supone el 4% del PIB.

Durante la pasada legislatura, la Administración autonómica fue pionera en la descalificación de las herencias y de las donaciones 'inter vivos' en el ámbito familiar mediante la bonificación del 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como en aplicar una rebaja en la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta a todos los contribuyentes.

Además, aplicó una reducción del 7 al 4% del tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales --que grava viviendas de segunda mano-- para familias numerosas que adquieran su vivienda habitual.

El Gobierno que preside Esperanza Aguirre también impulsó durante el pasado mandato la reforma del IRPF que entró en vigor con la Ley de Medidas de 2007 y que se hará afectiva en la Declaración de la Renta de 2008. La modificación de la norma ha permitido rebajar en un punto la tarifa autonómica del impuesto que se repartirá entre los 4 tramos del nuevo impuesto.

ROMPER EL PRINCIPIO DE LEALTAD

Sin embargo, Hidalgo desconfía de la panoplia de medidas fiscales anunciadas por el Gobierno socialista, por "electoralistas", pero también por temor a que Zapatero rompa el principio de lealtad institucional con las comunidades autónomas y éstas tengan que financiarlas en su 33% de participación en las arcas fiscales.

"En materia de gasto, la estabilidad presupuestaria es un eje fundamental aceptado en todos los países de nuestro entorno, por lo que a la hora de tomar medidas hay que tener clarísimo cuál es el efecto en los presupuestos de los años siguientes, y también en los presupuestos de las comunidades autónomas", consideró.

Según resalta, el principio de lealtad institucional recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) implica que cualquier medida del Estado que supusiera gastos por parte de las comunidades autónomas, "o bien se compensara o bien se viera conjuntamente con las comunidades". "Es el caso del Estatuto de la Función Pública, que recoge que se debe reconocer los trienios al personal interino, pero la financiación corresponde a los gobiernos regionales", explicó Hidalgo.

"Todas las reformas fiscales que se hicieron con Aznar, el coste inicial, se asumió por el Estado. Sin embargo, en la reforma de la renta que ha hecho el vicepresidente económico, Pedro Solbes, el coste se ha asumido una parte por el Estado y otra por las Comunidades", indicó.

A lo que añadió: "Espero que todas estas medidas que está tomando el Estado de manera unilateral sean asumidas en la parte que corresponde al Estado. Lo demás sería quebrar el principio de lealtad institucional con las comunidades autónomas", consideró. De hecho, ni Hacienda ni Vivienda han recibido todavía información del Gobierno central sobre las ayudas anunciadas de 210 euros al alquiler joven.

En este sentido, Hidalgo subrayó además que la modificación de algunos Estatutos de Autonomía, que recogen que la financiación de Cataluña se realiza en base al PIB y de Andalucía en base a la población, hace que se pierda el "concepto de reequilibrio territorial, que los PGE deben contemplar".

"Madrid es la única Comunidad en la que el gasto ha disminuido, lo que pone de manifiesto una clara discriminación, puesto que si algo es una realidad es que en Madrid se necesitan inversiones", indicó la consejera. En este sentido, consideró insuficientes también las enmiendas introducidas en el Congreso de los Diputados. "Frente a un presupuesto que cae un 19% se han admitido enmiendas que suben un 0,5%. Los PGE no son ni medio presentables para los madrileños", consideró Hidalgo.

"Aunque estamos en total desacuerdo, entendemos que Cataluña haya exigido la firma de un convenio bilateral para cobrar todo el presupuesto que no se ejecute", añadió.

La consejera de Hacienda subrayó en este sentido que Madrid tiene 863.000 habitantes más de los últimos años, que reclaman más inversiones. "Si algo hemos hecho es un programa de inversiones de lo más ambicioso: ahí están los hospitales, las escuelas, el Metro... y sin embargo la Puerta del Sol sigue levantada desde hace tres años y medio", concluyó.