MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
CSIT Unión Profesional exigió hoy al Gobierno de Esperanza Aguirre un sistema racional que proporcione una correcta gestión de los Juzgados ante la insuficiencia de interpretes y traductores, que cuentan con una plantilla de 18 trabajadores, informó hoy el sindicato.
"La falta de voluntad política de las Administraciones implicadas queda patente en la congelación que sufre la citada plantilla desde hace 15 años", denunció el sindicato, que insistió en la necesidad de disponer de los medios necesarios para ejercer las funciones constitucionales debe ser algo prioritario para un correcto funcionamiento en la administración de la justicia.
Según el sindicato, a dichos profesionales se les exige una determinada cualificación profesional, que debe ser acreditada por la propia Administración. Para ello, se les somete a varias pruebas prácticas para reconocer sus conocimientos, recurriéndose al Departamento de Traducción e Interpretación del Ministerio de Asuntos Exteriores para su posterior control y evaluación.
CSIT Unión Profesional expone que las necesidades de los órganos jurisdiccionales no cubiertas por la propia plantilla de traductores-intérpretes se han suplido en los últimos años de diversos modos: a través del llamamiento a personas conocedoras del idioma (a criterio del titular del órgano judicial), listas de personas dispuestas por idiomas, zonas y disponibilidad horaria Últimamente se recurre al personal dependiente de una empresa subcontratada por el Gobierno Regional.
Según denunció, los traductores-intérpretes que proporciona esta empresa no cubren en muchos casos las necesidades del juez o el tribunal al que están asistiendo. "Se han dado casos en los que el traductor no tenía conocimiento de castellano. Este hecho dificulta y retrasa el desarrollo de los procesos judiciales produciendo la anulación de algunas sentencias. Los más perjudicados por este problema son jueces, fiscales y abogados, además de los propios ciudadanos imputados2, indicó.
"Mediante este sistema de contratación privado, la Administración Regional se desesentiende de la prestación del servicio público que está obligada a ofrecer, dejando a criterio de la empresa subcontratada el adecuado cumplimiento del mismo", denunció.
