Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del PP - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reprochado al PSOE que rechace el Plan 40-40 de colaboración público-privada en materia de residencias, mientras que en Cataluña el Gobierno de Salvador Illa ha planteado un modelo de colaboración con el sector privado.
En su intervención en el Pleno de la Asamblea, Dávila ha defendido que la atención a personas dependientes no consiste en "elegir entre discapacidad o envejecimiento", sino en "atender a la persona en su conjunto" de la mejor forma posible, que considera es a través de la colaboración público-privada.
Este modelo sirve para que la Comunidad de Madrid cuente con una red que ofrece la "atención más profesional y la atención más individualizada". "Todas las personas que son atendidas en la red son, además, evaluadas por los mejores profesionales de forma permanente, según sus necesidades y su evolución", ha defendido.
En este punto, Dávila se ha felicitado porque la Comunidad de Madrid es la única región que tiene tres centros exclusivamente dedicados a la atención especializada a personas con Alzheimer y otras demencias, y que piensa en "nuevos perfiles" y hará que su Plan 40-40 vaya "a más".
Dávila ha respondido así a la pregunta de la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto, quien había cuestionado qué tipo de atención ofrece la Comunidad de Madrid a las personas mayores de 65 años y con discapacidad, acusando además al Gobierno madrileño de "discriminar" a mujeres, educadoras infantiles, mayores en residencias y también a personas vulnerables, como la fallecida Maricarmen Abascal.
Así, ha echado en cara a la Comunidad de Madrid una reciente sentencia judicial que "declara vulnerado el derecho a la Igualdad" y exige a la Consejería una nueva valoración individualizada, además del pago de 10.000 euros por daños morales a una mujer con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad.
