Imagen de recurso de unos libros de texto. - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha instado a la Comunidad de Madrid a adoptar "las medidas que correspondan para garantizar la gratuidad de los libros de texto y del material curricular y didáctico a todos los alumnos excluidos del Programa Accede que cursen sus estudios en centros privados concertados".
Según el informe anual de la institución, correspondiente a 2019, la regulación del Programa Accede de préstamo de libros de texto y materia curricular implantado por la administración educativa de la Comunidad ha sido un asunto "cuestionado por algunas familias", debido a que la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid, y su reglamento de desarrollo, faculta a los representantes de los centros concertados a adherirse o no al programa de forma voluntaria, "sin prever una solución alternativa que permita a las familias solicitar su participación".
"El Defensor del Pueblo entiende que tanto la Constitución como la legislación vigente garantizan sin excepciones la gratuidad de la educación en los niveles obligatorios de enseñanza, y este carácter gratuito de la enseñanza debe hacerse extensivo a los libros de texto y al material didáctico utilizado por los alumnos que cursen los referidos niveles en centros sostenidos con fondos públicos, dado que constituyen una herramienta de aprendizaje necesaria para garantizar el derecho fundamental a la educación", ha expuesto la institución en su informe.
Según ha precisado el Defensor del Pueblo, "a partir de este fundamento legal", ha formulado una "recomendación" a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, "dirigida a la adopción de las medidas que correspondan para garantizar la gratuidad de los libros de texto y del material curricular y didáctico a todos los alumnos excluidos del Programa Accede que cursen sus estudios en centros privados concertados".
"Dicha Recomendación no ha sido aceptada por la Administración educativa madrileña, que rechaza imponer el Programa Accede a los centros concertados, sin entrar a valorar, como así se recomendó por esta institución, otras posibles soluciones que permitiesen situar a los alumnos de los centros que opten por no adherirse en una posición real de igualdad en el acceso y mantenimiento de su derecho a la educación", ha constatado.
Así, ha indicado que tiene previsto "continuar con estas actuaciones para promover iniciativas que hagan posible el acceso a los libros de texto o material didáctico a todos los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos sin coste alguno".
LIBROS EN FORMATO DIGITAL
En cuanto a los libros en formato digital, consciente de la necesaria integración curricular de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje, ha expresado su "preocupación" ante la carga económica que supone para muchas familias la adquisición de dispositivos electrónicos y la ausencia de ayudas para compensarla.
Asimismo, ha manifestado su rechazo frente a aquellas prácticas de los centros educativos consistentes en exigir un determinado dispositivo electrónico que, por sus singulares prestaciones, tienen un elevado coste y una comercialización restringida, ya que con ello se priva a las familias de la posibilidad de adquirirlos en los establecimientos comerciales de su libre elección, "generando en muchos casos un sobrecoste que compromete aún más el derecho a la gratuidad de la enseñanza en la etapa obligatoria".
En relación con esta último aspecto, se ha formulado en este ejercicio una recomendación a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, dirigida a que adopte las medidas necesarias para que los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impongan el uso de libros de texto en formato digital faciliten a todos los alumnos la posibilidad de adquirir los dispositivos electrónicos en cualquier establecimiento comercial sin restricciones.
La Administración educativa madrileña no ha dado respuesta, por el momento, a la citada recomendación, ha apuntado el Defensor del Pueblo.