Foto: CEDIDA POR EL PP
MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno en Madrid ha propuesto hasta ahora sancionar a un total de 26 personas por participar en los 'escraches' realizados a la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y a la diputada del PP María Luz Bajo, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación.
Estas mismas fuentes han precisado que esta cifra no está cerrada, ya que se incrementará en función de que lleguen más identificaciones de personas que hayan participado en concentraciones no comunicadas a la Delegación.
En concreto, diecinueve de las personas propuestas para imponerles una sanción fueron identificadas en el entorno del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, y siete, junto al domicilio de la diputada del Partido Popular, en la calle Ibiza. Las identificaciones se realizaron, según la Delegación, "en aplicación de la Ley Orgánica Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana".
En el caso de los 'escraches' realizados el 4 de abril en la calle Ibiza, se han abierto dos expedientes sancionadores por falta grave, con una propuesta de sanción de 1.500 euros, y 5 por falta leve, con sanción de 200 euros.
En cuanto a la concentración frente a la casa de la vicepresidenta del Gobierno, se han iniciado 19 expedientes administrativos sancionadores. En tres de los casos la propuesta de sanción es de 1.500 euros, por falta grave, y en 16, entre 200 y 250 euros, por falta leve.
En total, en ambas concentraciones ilegales se han abierto 5 expedientes por falta grave, al considerarse que los expedientados tienen el carácter de promotores u organizadores, y 21 por falta leve.
Asimismo, la Delegación del Gobierno está estudiando actualmente las identificaciones remitidas por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, respecto a otras "concentraciones ilegales" que han tenido lugar en los últimos días. Éstas darán lugar, en su caso, a la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores en aplicación de la Ley Orgánica 1/92.
PROCEDIMIENTO
El procedimiento que se sigue para las sanciones comienza en las identificaciones de aquellas personas que participan en "una concentración no comunicada y, por tanto, ilegal". Así, el Cuerpo Nacional de Policía da traslado a la Delegación del Gobierno en Madrid de las identificaciones.
Recibidos los atestados policiales, el departamento técnico de la Delegación valora los hechos y comprueba si los mismos suponen una infracción administrativa prevista en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en relación con la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.
En el caso de que efectivamente se aprecie la existencia de una infracción, se inicia un procedimiento administrativo sancionador individualizado, partiendo de la tipificación de los hechos y de la propuesta de sanción.
En el marco de este procedimiento, que se tramita con todas las garantías jurídicas y cuenta con un instructor para cada caso, los interesados disponen de dos fases de alegaciones, periodo de prueba, así como la posibilidad de interponer recurso de alzada y, en su caso, recurso contencioso administrativo en vía judicial.
