Publicado 23/06/2021 11:53CET

Denunciados el médico de una residencia por intrusismo y homicidio imprudente

Imagen de recuso de un anciano. Archivo.
Imagen de recuso de un anciano. Archivo. - CEDIDA.

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra un médico de una residencia de la tercera edad ubicada en la zona norte de la Comunidad a quien imputa los delitos de omisión del deber de socorro, homicidio imprudente e intrusismo, han informado fuentes fiscales.

A su vez, a la directora del centro P, M. J. le acusa de ser cooperadora necesaria en el delito de intrusismo puesto que cuando contrató al denunciado tenía "pleno conocimiento" de que el título que había obtenido en Cuba carecía de homologación en España. También denuncia al médico E. E. G. A. por sendos delitos de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.

El escrito recoge que la residencia denunciada, de titularidad municipal y regentada por Planiger S. A., disponía con carácter previo al periodo epidémico de un servicio de atención médica de 20 horas, de lunes a viernes, prestado por un doctor que causó baja laboral por Covid-19 entre los días 25 y 30 de marzo de 2020.

Dos días antes de producirse esta situación, el 23 de marzo, se incorporó a la residencia, con la finalidad de prestar apoyo a dicho médico y dar cobertura a los residentes los fines de semana durante la crisis sanitaria, A. A. H., un doctor en medicina por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, en trámites de homologación de su titulación en España, cuyo contrato finalizó el día 25 de mayo de 2020.

Durante el mencionado periodo epidémico, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid aprobaron el denominado "Protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19", donde se establecía un sistema de comunicación con el hospital de referencia, a fin de que fuera el geriatra de enlace quien decidiera su traslado a un centro hospitalario o se le asistiera en el mismo centro.

NO SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO

En el caso de S. G. S., los dos médicos que atendieron a la usuaria, al principio E. E. G. A. y más tarde A. A. H., nunca llegaron a activar dicho protocolo "omitiendo la consulta con el centro hospitalario sobre la situación de salud de la usuaria, a partir de la caída que sufrió el día 13 de marzo, y a pesar de su evolución negativa, lo que le privó de haber sido objeto de un adecuado y pronto diagnóstico y, con ello, de la posibilidad de haber recibido un tratamiento para las consecuencias de su lesión que, finalmente, y sin haber sido ni diagnosticadas ni tratadas, le provocaron la muerte".

La mujer, de 87 años de edad, presentaba un deterioro cognitivo grave y un nivel de dependencia severo. Además, durante el mes de marzo sufrió dos caídas sin aparentes consecuencias en presencia del personal del centro, así como un golpe en la frente sin que se pudiera determinar su etiología.

En la supervisión posterior a la segunda caída se constató cierta dificultad para el movimiento de los miembros inferiores, especialmente el izquierdo, no obstante, "ni en el momento inicial ni en los días sucesivos, se valoró la necesidad de someterla a pruebas complementarias para determinar el alcance de la lesión ni se realizó consulta con el hospital de referencia, limitándose a constatar la evolución externa del hematoma, sin valorar su posible implicación interna".

El 25 de marzo, a requerimiento de la familia, se contactó por primera vez con el hospital de referencia, exponiendo que la residente había sufrido varias caídas desde la cama "sin mención a la tumefacción", así como a la situación clínica que presentaba.

Un día más tarde A. A. H. realizó una nueva revisión de la usuaria, que había profundizado su sintomatología neurológica, además de mantener la pérdida de tono muscular en el hemicuerpo derecho, ante lo que no consideró realizar una nueva consulta con el centro hospitalario.

Al comunicar su decisión, los familiares insistieron para que hiciera una nueva interconsulta, como mínimo con la finalidad de que le realizaran un escáner para conocer el alcance de la lesión cerebral que padecía.

A raíz de las protestas, el médico realizó una nueva consulta al servicio de geriatría del hospital tras la cual se decidió trasladar a la paciente a un centro hospitalario.

En el TC craneal que le practicaron se evidenció un "daño cerebral irreversible" por lo que, tras consultarlo con la familia, se decidió su tratamiento paliativo intrahospitalario hasta que el 28 de marzo se certificó su fallecimiento por diversas causas, incluida por infección de Covid 19.

El fiscal subraya que tanto A. A. H. como P. M. J., en su condición de directora de Planiger S. A., eran conscientes de que no se reunían las condiciones administrativas requeridas para ejercer la profesión de médico en España y que, pese a ello, durante el periodo en que estuvo vigente la relación laboral, "desempeñó funciones propias de la actividad médica, incluida la prescripción de tratamientos y la adopción de decisiones en consuno con el equipo de geriatría del hospital de referencia, con los usuarios de la residencia, y en concreto, desde el día 25 de marzo, con S.G.S.".