MAJADAHONDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Este lunes se ha producido el desalojo de las viviendas okupadas de las 'Casas rojas' de Majadahonda, en las que residían 27 familias, con 20 menores a su cargo.
El desalojo se ha realizado a raíz de la diligencia de ordenación emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Majadahonda, tras la denuncia presentada por los propietarios de los dos bloques de viviendas.
Las viviendas, ubicadas en la calle Neptuno, 8, según han explicado a Europa Press fuentes municpales, no tenían licencia de primera ocupación al superar en una altura el máximo permitido por el Plan de Urbanismo.
Estas fuentes han explicado que el Ayuntamiento se hará cargo del realojo provisional de las 7 familias con menores a su cargo, entre los que hay un bebé de tres meses, durante un plazo aproximado de 15 días.
La calle en la que se encuentran los bloques y las adyadentes han sido acordonadas por la Policía Local y por la Guardia Civil. En las inmediaciones estaban preparadas unidades antidisturbios, pero no ha sido necesaria su intervención.
Para apoyar a los afectados, han acudido miembros de la PAH, Podemos e Izquierda Unida, además de vecinos de la localidad, que han coreado frases como "vergüenza", "ni gente sin casa, ni casa sin gente", "hay niños en la calle y no le importa a nadie", "hoy venimos a luchar por el alquiler social", entre otras.
En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado de las familias, José Manuel Barroso, ha señalado que aunque "ha habido algún momento tenso" los desalojos se han producido "voluntariamente".
"Es una fotografía más de la realidad social de este país. El tercer municipio de España con mayor renta per cápita, municipio modelo, ciudad limpia y que es incapaz de atender a 26 familias, 20 menores que se quedan en la calle, discapacitados, un enfermo de cáncer, dándonos largas. Lo decimos apelando a los servicios públicos por dar una salida habitacional que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo", ha señalado.
Según Barroso, los 'okupas' han entrado a los pisos por "situación de necesidad" y que "lo consintió el propietario" en una situación de emergencia. "Al entrar han estado consentidos y luego han reclamado los herederos. Pero al final hay una deuda tributaria de 600.000 euros y con recargo e intereses que alcanza el millón de euros. Eso se lo está perdonando el Ayuntamiento a los constructores", ha explicado.
El abogado ha señalado que se trata de una "situación triste" por los vecinos "después de tantos años". "Son familias enteras que no son 'okupas', son personas con necesidades sociales", ha subrayado.
De este modo, ha explicado que pidieron a la parte contraria que se esperara dos meses para efectuar el lanzamiento, al estar los menores en pleno curso escolar.
Por su parte, en declaraciones a Eruopa Press, Eduardo, uno de los afectados del desalojo ha indicado que tiene tres hijos y que está "muy preocupado" al no tener trabajo.
Otro de los afectados, Diego, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que "está solo", y que no tiene dónde ir. "Es muy triste y muy duro. Llevo seis años en estas casas y ahora no tengo dónde ir", ha concluido.
