MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, acusó hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de tener un "nulo compromiso con la preservación del entorno natural", según indicó hoy en un comunicado y coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.
En este sentido, la diputada autonómica destacó "los vaivenes" sufridos por el mayor de los proyectos medioambientales de la región, el del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, que pierde 15.000 hectáreas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado en noviembre de 2009 con respecto a la zonificación original.
"Este sustancial recorte limita el Parque Nacional a un 'parque de cumbres'", denunció Menéndez, que recordó "que se presentaron cerca de 18.000 alegaciones al proyecto, pero que han sido ignoradas por la Consejería" de Ordenación del Territorio.
Sin embargo, "lo que mejor representa la política caprichosa y errática de Aguirre en materia de medio ambiente fue su actuación hace escasas semanas en el puerto de Navacerrada", continuó la socialista.
Así, recordó que la presidenta, Esperanza Aguirre, acudió allí "para observar el derribo de un edificio en el marco del plan de rehabilitación medioambiental de la zona" pero que, "finalmente y después de desautorizar públicamente a su consejera, Aguirre se opuso al derribo, que era uno de sus proyectos estrella en el Debate sobre el Estado de la región".
Tampoco la Cañada Real Galiana ha salido mejor parada, ya que el Proyecto de Ley de Aguirre, presentado en octubre de 2009, "se encuentra incomprensiblemente bloqueado y congelado, y ha provocado una nueva guerra entre Aguirre y (el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-)Gallardón.
"Sin embargo, el Gobierno regional ya ha dado pistas de lo que pasará finalmente: la consejera Ana Isabel Mariño afirmó en el pleno que el Gobierno regional, tras la aprobación de la ley, exhortará a los ocupantes de la Cañada Real a que acudan a los tribunales en defensa de sus supuestos derechos, lo que significa judicializar el problema metiendo en un callejón sin salida la intervención de las administraciones públicas para solucionar este problema", opinó la portavoz parlamentaria.
A su juicio, "si esto se lleva a cabo, la judicialización de la Cañada durante una década y su resultado harán inviable la intervención de las administraciones públicas", por lo que pidió que, "mientras dure la congelación del Proyecto de Ley y su tramitación en la Asamblea, se aplique un plan de choque urgente para intervenir desde el punto de vista la salubridad, la defensa de los derechos de los menores y la lucha contra la exclusión social".
MÁS EJEMPLOS
Sin embargo, no queda ahí la cosa ya que, "tras nueve años de retraso, el Consejo de Gobierno aprobó en febrero de 2009 el Plan Regulador de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional del Sureste", en virtud del cual a partir de ahora en la zona periférica de este espacio natural "se permitirán las actividades turísticas, socioeconómicas y recreativas, lo que abre la posibilidad de instalar campos de golf y otras infraestructuras".
Tampoco la regulación de los agentes forestales se ha librado, ya que el artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Dicho texto exige a los agentes forestales una autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, es decir, más del 70 por ciento de estos espacios, y fue recurrida ante el TC porque una ley de la Comunidad de Madrid no puede cambiar una ley básica del Estado, como es la de Montes, que establece sin ningún tipo de restricción el carácter de autoridad de los agentes forestales", recordó Menéndez.
Por otra parte, se mantiene abierta y funcionando una mina de sepiolita ilegal en terreno protegido y calificado como Bien de Interés Cultural (BIC) en Torrejón de Velasco desde 2001, dado que aunque el permiso de explotación de la mina expiró en noviembre de 2007, "el director general de Medio Ambiente argumentó en la Asamblea que la administración tardó dos años y tres meses en abrir un expediente sancionador a la empresa porque no supo distinguir los trabajos de explotación de la mina de los trabajos de restauración del entorno que existe desde 1985 y que se incumple sistemáticamente por la empresa".
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió una sentencia en 2008 en la que afirmaba que las obras de desdoblamiento de la M-501 incumplían la directiva europea sobre impacto ambiental.
Finalmente, el Gobierno regional anunció que el proyecto Naturalcalá incluirá dos campos de golf de titularidad pública, campos que "se construirán a costa de parte de la finca de investigación agraria de El Encín, la única de este tipo en toda la región y de alto interés y valor para la investigación y el desarrollo de este sector".
"Aguirre ha demostrado su nulo compromiso en la lucha contra el cambio climático, ya que Madrid es una de las regiones en las que más aumentó la emisión de dióxido de carbono (CO2) en los últimos años y que, al obtener la energía de regiones como Asturias o Galicia, es a estas comunidades a las que se les computa la emisión de gases invernadero de la electricidad que consumen los madrileños", criticó Menéndez.