Ecologistas teme una modificación de la Ley del Suelo para legalizar la operación Calderón y Castellana Norte

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha mostrado hoy su satisfacción por la decisión judicial de mantener la paralización de la operación Calderón pero teme una modificación de la Ley del Suelo por parte de la Comunidad de Madrid antes de las elecciones generales para legalizar esta operación urbanística y la de Castellana Norte.

Ecologistas cree que la decisión judicial conocida hoy debe entenderse como una oportunidad para replantearse el modelo de ciudad. Pero al mismo tiempo lamenta que, a pesar de la reconocida labor que desempeña desde hace una década contra la especulación urbanística en la región, haya sido excluida del grupo de trabajo sobre la nueva Ley del Suelo.

Este grupo de trabajo, coordinado por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, se reúne hoy por cuarta vez. En esta ocasión no participan los representantes del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Podemos.

De esta forma, quieren protestar por la falta de explicaciones ante las filtraciones periodísticas en relación a posibles pactos para aprobar modificaciones urgentes de la Ley del Suelo, al margen de este grupo de trabajo.

"Estas modificaciones podrían tener como objeto legalizar operaciones urbanísticas anuladas por resoluciones judiciales, como la Operación Mahou-Calderón y Chamartín, antes de las elecciones generales", han señalado los ecologistas.

CONTRA LA OPERACIÓN CALDERÓN

Además, denuncian que la operación Mahou-Calderón "es una de las mayores actuaciones urbanísticas especulativas, heredada de los gobiernos municipales de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella".

Afecta a una superficie de 204.218 metros cuadrados en el distrito de Arganzuela y contempla la demolición del estadio Vicente Calderón, el soterramiento de la M-30 y la construcción de ocho torres de entre ocho y veintidós plantas, dos rascacielos de treinta y seis plantas que albergarán más dos mil viviendas, oficinas y comercios.

La ONG 'verde' recurrió el plan parcial por considerar que permite una actuación especulativa que atiende a los beneficios de propietarios de suelo y constructoras, pero no a las necesidades vecinales.

"Los vecinos no necesitan rascacielos, sino dotaciones cotidianas como un centro cultural, un centro de día o una escuela de idiomas", aseguran. La asociación vecinal Pasillo Verde-Imperial recogió 57.000 firmas en contra y colabora con Ecologistas en Acción en el recurso interpuesto.