LEGANÉS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las secciones sindicales de UGT y CC.OO. en el Ayuntamiento de Leganés han denunciado este lunes que la concejala de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento, Beatriz Tejero, ha sometido a una "prueba caligráfica" a unos 17 trabajadores de su delegación para localizar presuntamente al empleado que participó en un supuesto hurto de documentación de su bolso, hecho que tuvo lugar el pasado 19 de octubre y que la edil denunció en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
Según ha informado UGT en su boletín interno y ha confirmado a Europa Press la secretaria general de CC.OO., Ana Ruiz, la edil reunió el pasado día 24 de octubre a los trabajadores de su delegación y de Urbanismo (puesto que la documentación se sustrajo de su despacho y fue remitida al de IU en un sobre con membrete de 'Urbanismo') y les informó de que les iba a someter a "una prueba de dictado", propuesta que generó "desconcierto" entre los empleados municipales.
Inmediatamente, les dictó: 'El pasado miércoles 19 de octubre le fue sustraído del bolso a la Concejal Delegada de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento una documentación confidencial que se le ha hecho llegar al coordinador de Izquierda Unida, Raúl Calle, en un sobre con membrete de Urbanismo'.
A continuación, siempre según la versión de UGT ratificada por CC.OO., la concejala les indicó a los trabajadores que firmasen el documento manuscrito por cada uno de ellos y que se lo entregasen, ya que su intención era "contrastar la caligrafía con la del sobre (remitido a IU) y determinar quién era el ladrón".
La edil habría justificado la acción en el marco de una investigación para determinar si algún trabajador de las delegaciones pudo haber participado en el envío de la documentación sustraída, ya que ésta se remitió a través del correo interno del Ayuntamiento al despacho de IU.
Los trabajadores pusieron objeciones a la medida, pero le entregaron los papeles manuscritos porque no tenían "nada que ocultar", según UGT, aunque precisaron que el procedimiento adecuado hubiera sido "una denuncia en comisaría y una investigación por parte de la policía, y no poner en duda --han añadido-- el honor y la dignidad de todos los que componen la plantilla municipal".
Ante ello, UGT ha solicitado el cese inmediato de la edil al considerar que "ha ido más allá de su papel y de sus competencias como concejal delegada".
Mientras, el Comité Unitario de Trabajadores (CUT) del Ayuntamiento leganense ha considerado en un comunicado que la concejala "se ha extralimitado en sus competencias".
"Es inadmisible que haya traspasado las más elementales reglas democráticas", ha señalado el comité tras exigir "responsabilidades políticas", así como "una explicación y una disculpa por una acusación general a toda una delegación".
Tanto UGT como CC.OO. han expresado su "más absoluta condena" si los documentos fueron sustraídos del bolso de la edil y han exigido "su esclarecimiento absoluto", pero se han preguntado por qué la denuncia en Comisaría se produjo "nueve días después de ocurridos los hechos" y sólo cuando se tuvo "conocimiento de que los trabajadores de su delegación" tenían previsto "manifestar su queja y exigir disculpas públicas al máximo dirigente municipal".
Por su lado, fuentes municipales han asegurado a Europa Press que están "estudiando en profundidad" el contenido del comunicado del CUT, puesto que --según han argumentado-- "además de contener varias falsedades podría ser atentatorio contra la dignidad y el derecho al honor de la concejala Beatriz Tejero".
En este punto, las mismas fuentes han hecho alusión a un contenido concreto del comunicado en el que se dice explícitamente que la medida adoptada por Tejero implicaría que la edil habría acusado directamente "a los empleados públicos, personal técnico y de administración de delincuentes y ladrones" con sus "actuaciones y manifestaciones en la prensa sin esperar a las conclusiones de la investigación policial o interna".
A esto han agregado que "es de una desvergüenza inimaginable que una persona que se 'funcionarizó' en una oposición amañada cuyo proceso está pendiente aún de resolución, pueda firmar una nota como ésta".
INTERPELACIÓN DEL PSOE
Por su parte, el Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento ha anunciado este lunes que "interpelará en el Pleno a la concejala para que explique por qué sometió a los trabajadores a una prueba caligráfica".
Además, los socialistas han asegurado que la concejala "debería dimitir por llamar 'delincuentes y ladrones' a los trabajadores de su delegación aún antes de presentar la denuncia".
El PSOE quiere que la responsable de Obras "explique en qué ha basado sus acusaciones y descalificaciones a los trabajadores de su delegación y por qué les reunió para someterles a un dictado por escrito".
Tras calificar de "esperpéntico" este "modo de proceder", el exalcalde y actual portavoz del Grupo municipal Socialista, Rafael Gómez Montoya, ha considerado que la concejala "debería dimitir" puesto que la realización del dictado supuso un intento de "amedrentar a su plantilla diciéndoles que trabajan mal".
"En ningún caso --ha subrayado el socialista-- merecen el trato vejatorio que se les ha dado". Según los socialistas, la documentación "pudo ser enviada a IU por uno de sus asesores, ya que al parecer se trataba de las respuestas por escrito a las preguntas presentadas en Pleno por este grupo".