MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General de Colombia no ha concluido la expropiación de la Triple A de Barranquilla al Canal de Isabel II, por lo que de expirar el plazo podría suspenderse el embargo de la acciones, según un informe publicado este jueves por Moody's.
El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía General de Colombia anunció, como medida cautelar, el embargo de las acciones de Inassa, filial del Canal de Isabel II, en Triple A de Barranquilla, encargada de la gestión del agua en la ciudad colombiana de Barranquilla.
Moody's entiende que si la Fiscalía General de Colombia no lleva el embargo de las acciones en Triple A ante el Tribunal Administrativo antes del 4 de abril de 2019, "el embargo se suspende automáticamente", ha explicado el analista de la agencia de calificación Corrado Trippa.
"Hasta la fecha, la Fiscalía General no ha tomado esta medida. Si posteriormente sucede, es probable que siga un largo proceso judicial antes de que finalice la expropiación", ha indicado Trippa.
Moody's ha recordado que si el embargo de las acciones se materializa, Canal perdería en torno al 15 por ciento de sus ingresos consolidados y el 10 por ciento del EBITDA.
Aunque la agencia considera que esta situación sería "manejable", advierte de que la pérdida de estas acciones constituiría un caso de incumplimiento del bono senior no garantizado de 500 millones de euros del Canal que permitiría a los tenedores de bonos acelerar el reembolso de sus bonos.
"Esto sigue siendo un riesgo significativo para Canal, cuyo impacto es difícil de dimensionar ya que dependería del número de tenedores de bonos que pidieran el reembolso", así como de "la cantidad de efectivo disponible y la refinanciación de deuda que Canal podría contraer para cumplir con dicha obligación de pago", ha expuesto Moody's.
"En consecuencia, las calificaciones permanecen en revisión para la baja", ha agregado la agencia, aunque ha aclarado que el informe no constituye una acción de calificación.
Moody's estima que la compañía posee alrededor de 216 millones de euros de efectivo y acceso a crédito bilateral por 106 millones de euros, pero cree que es probable que en el caso de tener que reembolsar una "parte sustancial" de los bonos tuivera que recurrir a fuentes adicionales de financiación, cuyas condiciones no están claras.
