MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 150.000 empleados públicos madrileños, entre laborales y funcionarios, celebrarán cinco días de huelga de 24 horas entre finales de abril y mayo en los sectores sanitario, asistencial y educativo no universitario, para reivindicar al Gobierno regional mejoras laborales y el inicio de la Mesa General de Negociación de la Comunidad de Madrid, formada por CC.OO., UGT y CSIT Unión Profesional.
Precisamente, estos tres sindicatos indicaron hoy que dentro de un calendario de movilizaciones, donde los empleados de la Administración pública madrileña se concentrarán en distintas ocasiones, destacan huelgas totales en las escuelas infantiles para los próximos 17 de abril y 7 de mayo, paros totales también en el sector docente no universitario para el 7 de mayo, y jornadas de huelga del personal adscrito al área 'D' del Convenio Colectivo, esto es, personal sanitario y asistencial.
Este último grupo, en concreto, afecta a los médicos, auxiliares, enfermeras, entre otros, de los hospitales pertenecientes a la antigua red del sistema sanitario madrileño, antes de las transferencias estatales, por lo que de los grandes hospitales, sólo estará afectado el Gregorio Marañón, que atiende a una media de millón de pacientes, y otros como La Princesa, Niño Jesús, Cantoblanco o el siquiátrico de Leganés.
Estos trabajadores piden por un lado, el reconocimiento de la carrera profesional para todos los colectivos. La Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconoce el derecho a la Carrera Profesional a todos los empleados públicos de las distintas administraciones regionales de España. Sin embargo, los sindicatos indicaron que la Comunidad de Madrid está aplicando esta ley de forma "discriminatoria, atendiendo exclusivamente a sus necesidades políticas de sacar adelante su proyecto sanitario".
Además, piden el derecho a trienios para el personal interno, tal y como recoge también el EBEP. Según los representantes de los trabajadores, el Gobierno regional "esta incumpliendo" su aplicación y cuentan ya con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a favor de ellos, en la que se reconoce que el personal laboral interino tiene los mismos derechos que el personal laboral fijo.
Asimismo, exigen la regulación de la acumulación de la hora de lactancia, la posibilidad de movilidad dentro y entre Consejerías y la creación de más plazas directas en determinados sectores, ya que denunciaron que, en sanidad y servicios sociales, llevan varios años sin crear plazas nuevas.
En general, sus reivindicaciones se centran en "la defensa y dignificación de lo público", ya que consideraron que la falta de personal, "porque las plantillas se están quedando vacías", sólo trae como consecuencia una asistencia basada en prioridades "y no tan completa como debiera".
"Es lamentable que se ponga en entredicho la calidad asistencial y la labor profesional de los trabajadores que día a día se esfuerzan por suplir estas carencias. Detrás de esta actitud, se pretende justificar una posible privatización de los centros públicos", apuntaron.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Fernando Sánchez, explicó que existe un "fracaso" del diálogo social de la Administración pública madrileña y que éste se debe "exclusivamente" al Gobierno de Esperanza Aguirre.
En este sentido, señaló que el pasado 19 de marzo el director general de la Función Pública, en una comparecencia ante la Asamblea de Madrid, desveló la "agenda oculta" del Gobierno regional en materia de relaciones laborales, que rompe con todo el actual "marco normativo".
"Esta agenda pasa por incumplir el EBEP, por desregular el marco normativo convencional que ahora mismo tienen los empleados públicos, por negar la legitimidad a los sindicatos mayoritarios y fomentar a los sindicatos de empresa obedientes que sólo pretenden cuestiones egoístas o vincularse solidariamente al Gobierno", apostilló el portavoz sindical.
Además, Sánchez aseguró que todos los empleados públicos tienen los mismos problemas, que "van más allá" de la desigualdad económica, salarial, de clase y de sexo, y de la no aplicación de las normas, pero sobre todo, "la defensa de su dignidad", reflejada en sus funciones.
PROBLEMAS EN LAS ESCUELAS Y RESIDENCIAS
El vicesecretario general de CSIT Unión Profesional, José Montero, explicó que estos problemas "son muy graves" y que se reflejan en la situación que atraviesan los colegios públicos, las residencias de mayores o los propios hospitales nuevos de gestión privada que ha inaugurado la Comunidad en los últimos meses.
Así, señaló que hace unos años, las residencias de los servicios sociales se van deteriorando "porque hay reducción de plantilla, y están menos dotadas". "Por mucho que quieran ajustar llega un momento en que no se puede atender a más ancianos, y lo único que se provoca es que haya menos plazas públicas por más plazas concertadas", apuntó.
En concreto, los sindicatos convocantes indicaron que en los últimos años se ha producido un incremento en la "externalización", con casi 13.000 conciertos en educación, lo que supone un 20 por ciento del Presupuesto de la Comunidad de Madrid dedicado a este área.
En cuanto a las residencias, la región cuenta con un 60 por ciento de plazas privadas respecto a un 40 por ciento de las públicas, y en hospitales, denunciaron los casos de los hospitales públicos antiguos que se están desmantelando para cubrir las plazas de los nuevos.
El secretario general de Áreas Públicas de CC.OO. de Madrid, Manuel Rodríguez, denunció el "ninguneo" al que están siendo sometidos los propios sindicatos, y explicó que defienden un modelo de regularización "ordenado" a través de la constitución de la propia Mesa General de Negociación.
"Pedimos primero la homologación de las condiciones que son generales a todos para después ir a las mesas sectoriales correspondientes y al propio convenio colectivo para ir negociando las cosas propias de cada uno", indicó Rodríguez, señalando que esto es "lo más inteligente" y que "parece mentira" que tengan que ser ellos los que reclamen "mayor cohesión y coordinación" en la negociación.
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