El empresario que destapó el caso FP declara que el procedimiento lo marcaba la dirección de los centros

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario que destapó el 'caso FP', en el que se investiga el fraccionamiento de contratos para evitar contratos públicos, ha manifestado durante su declaración judicial que el procedimiento de facturación venía marcado por los equipos directivos de los centros de Formación Profesional, han informado fuentes jurídicas.

La jueza de Instrucción número 39 de Madrid ha interrogado a Gabriel Navarro en calidad de investigado. En la causa, que cuenta con cuatro imputados, se investigan presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid en las obras realizadas en algunos centros de Formación Profesional de la región.

Fue precisamente este empresario, dueño de la empresa Virelec, el que denunció el caso tras reclamar en septiembre de 2023 al Gobierno regional el pago de 1,4 millones de euros por trabajos ejecutados.

La comparecencia se ha realizado a instancias de la acusación popular que ejerce en la causa el PSOE. Hoy también estaban llamados a declarar una inspectora de Educación y cinco mandos intermedios de los centros implicados.

El empresario, que ejecutaba los proyectos de las obras, ha detallado a la jueza cómo comenzó el caso después de que reclamara a través de burofax los impagos, lo que le llevó a reunirse con dos asesores de la Comunidad de Madrid y propiciara que la Consejería de Educación activara una investigación.

En la declaración, que se ha prolongado durante dos horas, Navarro ha explicado a la magistrada y a las partes personadas las cantidades que le debe el Gobierno regional y cómo se llevaba a cabo el procedimiento de facturación, marcado por los equipos directivos de los centros.

Según Navarro, lleva catorce años ejecutando obras de la misma manera sin cambiar el procedimiento de fraccionar facturas, a su juicio "habitual" en la Administración al ser su "forma de actuar". Así, ha señalado que él cobraba siempre a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y que desde hace años ha luchado por consolidar su empresa.

APUNTARON A ALTOS CARGOS

El pasado mes de marzo, la jueza escuchó los testimonios de dos directores de centros educativos de Formación Profesional y el exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid durante 2021-2023, quienes apuntaron a altos cargos de la Consejería de Educación.

En concreto, manifestaron que no tenían competencia "ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras, sino que les llegaban unos conceptos por los que tenían que gastar un dinero que les era ingresado en la cuenta del instituto, con unas facturas y lo que hacían era ejecutar esas órdenes que les llegaban".

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en marzo del pasado año 2024, envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación en las mismas de distintos funcionarios públicos.

Fue la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó que el Ejecutivo madrileño se iba a personar cuando la instrucción lo permitiera. En concreto, reivindicó que fue el Gobierno autonómico quien acudió a Fiscalía para "investigar irregularidades detectadas" en varios centros ante la posibilidad de que se hubieran "fraccionado contratos".