MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Madrid no han tenido que presentar de momento ningún recurso judicial en defensa de sus derechos, según señaló hoy la asociación Profesionales por la Ética, que presentaron los datos relativos a esta materia después de que comenzara a impartirse esta asignatura en 2º y 4º de la ESO.
La Comunidad y el País Vasco, según sus informaciones, son las dos únicas regiones cuyos objetores no han tenido que recurrir las decisiones de los Tribunales Superiores que han fallado en contra de sus intereses. Dos casos que contrastan bastante con lo acontecido en algunas otras comunidades como Navarra, que suma 362 recursos; Castilla-La Mancha (344) y Castilla y León (251).
En el caso de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre apoya a los objetores de esta asignatura, y de hecho, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) dicte una sentencia firme sobre qué hacer con estas personas que no quieren cursar Educación para la Ciudadanía porque consideran que vulneran sus derechos, ha dado una serie de instrucciones a los centros para atender a dichos objetores.
Así, los alumnos que no cursen esta asignatura pueden y deben realizar otro tipo de actividades como trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos o tareas de voluntariado en los propios centros, instrucciones que al principio causaron un poco de revuelo entre los mismos que se quejaron de no contar con los medios adecuados para atender a los alumnos que se quedaran al margen de esta materia.
Según explicó la asociación, en las comunidades donde sí se han recogido recursos, el proceso judicial se ha iniciado cuando los padres que habían presentado su declaración de objeción de conciencia han recibido un escrito por parte de la Consejería de Educación negándoles la posibilidad de objetar.
Durante la rueda de prensa, la abogada Pilar Herruzo, defensora de varios padres objetores de Córdoba, proporcionó las claves jurídicas de las resoluciones que sí que han sido favorables a este derecho. Así, los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los padres y alumnos.
Además, todas las sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto, y declaran que los alumnos objetores deben quedar exentos de la misma, "sin que puedan sufrir ninguna consecuencia negativa en su expediente académico".
Según datos recopilados por Profesionales por la Ética, los padres objetores a EpC se han visto obligados a presentar hasta el día de hoy un total de 1562 recursos judiciales. Por el otro lado, los tribunales han dictado 43 sentencias favorables a los derechos de los padres objetores en Andalucía (19 sentencias), Aragón (1 sentencia) y La Rioja (23).
Además, han emitido 116 Autos de medidas cautelares (resolución provisional que exime a los objetores de asistir a clase de EpC y de ser evaluados hasta que se dicte sentencia) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.