MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El requerimiento que el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes envió el pasado viernes al Gobierno regional para instarle a cumplir la ley y obligar a todos los alumnos de Madrid a cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) ya está en dependencias de la Consejería de Educación, informaron a Europa Press fuentes de este departamento.
El anuncio de esta petición entre administraciones tuvo lugar el pasado viernes. Sin embargo, desde la Consejería aseguraron que para entonces no había constancia de que este documento hubiera llegado a la Comunidad. Las mismas fuentes señalaron que en el momento en que llegase dicho requerimiento, los responsables lo analizarían para decidir su actuación.
Este trámite supone el paso previo al recurso contencioso administrativo, que el Ministerio de Educación presentaría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el caso de que el Gobierno de Esperanza Aguirre no conteste o asuma la petición en un plazo de dos meses. A juicio del Gobierno regional, la asignatura es "obligatoria" porque así lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), y por tanto, hay que cumplirla.
Este curso es el primero que los institutos y colegios de la región imparten la asignatura, en 2º y 4º de la ESO. El pasado mes, el Gobierno regional dio la orden a todos los directores de los centros, a falta de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de que atendieran adecuadamente a los alumnos que quisieran objetar la materia.
Según estableció el Gobierno de Aguirre, y amparándose en sentencias de Tribunales superiores de otras comunidades, los alumnos que no acudan a las clases de Educación para la Ciudadanía deberán realizar trabajos sobre la Constitución y sus contenidos, así como tareas de voluntariado dentro del propio colegio. De momento, en el registro de la Consejería hay contabilizadas alrededor de 10.800 objeciones, aunque no todas corresponden a alumnos que cursan este año la asignatura.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, preguntada por qué va hacer al respecto, se limitó a preguntar a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, si también han mandado un requerimiento a la Generalitat de Cataluña para que aplique la tercera hora de castellano obligatoria en los colegios de su comunidad.