MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El expediente que el Gobierno regional ha abierto al Ayuntamiento de Coslada por una supuesta mala utilización de fondos públicos en relación a las Brigadas Especiales de Seguridad de Comunidad de Madrid (BESCAM) en el municipio se remontará a 2005, cuando los primeros agentes financiados por el Gobierno regional se incorporaron a las dependencias de la Policía Local, después de la firma del convenio entre ambas partes en 2004.
Esta es la conclusión a la que llegó la Comisión de Seguridad y Seguimiento del convenio, convocada hoy de forma extraordinaria en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia e Interior.
Por tanto, se estudiará la supuesta malversación o uso indebido de fondos regionales de los últimos 10 meses, en los que ha gobernado en el municipio el tripartito formado por el Partido Socialista, Izquierda Unida y la Plataforma de Izquierda de Coslada, y de los dos años procedentes, en el que el Consistorio fue regentado por el Partido Popular.
A partir de ahora, se instruirá dicho expediente para conocer cómo se han destinado estos recursos. Las conclusiones, que se dirimirán 'sine die', determinarán las sanciones oportunas.
El consejero de Interior, Francisco Granados aseguró ayer que el Ayuntamiento de Coslada podría haber incurrido en una utilización fraudulenta de los agentes de las BESCAM, pagados con fondos del Gobierno regional, que supuestamente "no habrían sido destinados a lo que deberían; que es velar por la seguridad de los ciudadanos de la localidad", después de conocerse la implicación de agentes locales, entre ellos algunos de los BESCAM, en una presunta trama de corrupción y extorsión policial.
"Parece que a lo que se han destinado algunos de los uniformes, vehículos y sueldos ha sido para poner en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos, lo contrario de lo que debería haber sido", dijo el consejero de Interior y Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en la comisaría de Policía Nacional de Carabanchel.
La Comunidad paga el sueldo de los 70 agentes de las BESCAM que trabajan en Coslada, además de dotarlos de coches patrulla, emisoras y pistolas. Para estos conceptos el Gobierno regional dedicó a Coslada 7,7 millones de euros la pasada legislatura. Para este año se había previsto invertir 3,2 millones de euros y 35 millones para el periodo 2008-2018.
Además, Granados recordó que el Ejecutivo autonómico se personará como acusación particular en el juicio que se está produciendo sobre la operación Bloque. "Ya he delegado en los representantes legales para que se personen en nombre de la Comunidad de Madrid", indicó.
La Comisión extraordinaria de seguimiento de las BESCAM, un organismo integrado por la Comunidad, los ayuntamientos y la Federación de Municipios de Madrid (FMM), fue presidida por el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón; otros miembros de este organismo; el alcalde de Coslada, Ángel Viveros; su concejal de Seguridad, Antonio Murillo; el secretario general de la FMM, José Luis Sanz Vicente; y el suboficial Jefe de la Policía Local, entre otros.
Los miembros de la comisión, incluido el alcalde de Coslada, rehusaron hacer declaraciones. No obstante, Viveros mostró ayer su malestar por la decisión del Ejecutivo autonómico de abrir expediente al Ayuntamiento por presunto uso indebido de fondos públicos regionales en las BESCAM, al tiempo que consideró esta medida "injustificada".
Además, fuentes municipales criticaron con dureza la posibilidad de que el portavoz del PP en Coslada y ex alcalde, Raúl López, estuviera presente hoy en la Comisión de Seguimiento de las BESCAM como representante de la Federación Madrileña de Municipios, hecho que no ocurrió ni estaba previsto, según informaron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Francisco Granados.
El expediente abierto hoy es el tercer expediente informativo que abre la Comunidad desde la existencia de las BESCAM. El primero se incoó al Ayuntamiento de Fuenlabrada, por presunta utilización de los 'bescames' para labores distintas a las de seguridad ciudadana. El segundo fue a Parla, porque su alcalde y secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, pronunció unas palabras desde un coche patrulla de las BESCAM durante la pasada campaña electoral tras suspender un mitin por un aviso de bomba. Ninguno de los expedientes todavía se ha resuelto.
