El PSM considera que Aguirre está haciendo un "uso sectario" de los recursos públicos
MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos presentó hoy un escrito en el Registro de la Comunidad de Madrid para solicitar a la Consejería de Educación la cesión del local en el que hasta el momento tenía su sede social, en la calle Reina Mercedes, en virtud de un convenio firmado en 1995 con la Dirección Provincial de Educación del entonces Ministerio de Educación y Cultura, según informó a Europa Press el presidente de la organización, José Luis Pazos.
Pazos señaló que el desalojo de este local supone el incumplimiento de este contrato, mediante el cual la Dirección cedía el local con el objetivo de favorecer y desarrollar la participación en la escuela de los padres del alumnado y de promover el sector asociativo de los mismos. Este organismo facilitaba el local, a fin de que esta federación fijase en el mismo su sede social y desarrollase las actividades propias de sus fines".
El contrato firmado en 1995 cedía el local provisionalmente, hasta que la Dirección Provincial del MEC facilitase un local de carácter definitivo para que la FAPA fijase su sede. Sin embargo, la culminación de las transferencias educativas a las comunidades autónomas supone la subrogación de las obligaciones a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene ahora que cumplir el convenio.
Pazos señaló que ayer mismo recibieron una carta de la Consejería de Educación en el que se les instaba a depositar las llaves del local. Sin embargo, ahora que han presentado la solicitud de permanencia, van a esperar a que el Gobierno regional se pronuncie para buscar una solución. "La Consejería también ha confirmado que no van a llevar a cabo ningún desalojo forzoso, porque no es un problema de ellos", agregó.
Dependiendo del pronunciamiento de la Consejería, la FAPA emprenderá otro tipo de acciones como el solicitar el amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid, al Defensor del Pueblo e incluso, al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
La consejera de Educación, Lucía Figar, justificó esta semana el desalojo del local como una medida más dentro del Plan de Austeridad del Gobierno regional, mediante el cual han tenido que revisar los contratos de alquiler. Además, señaló que el programa por el que estaba cedido el local ha finalizado.
"Esto es falso porque el local lo teníamos para el establecimiento de la sede social y para llevar a cabo las actividades propias, y no tiene nada que ver con la caducidad de unos programas y otros", explicó Pazos, quien aseguró que la Consejería, aparte de no renovar el contrato de alquiler, ha decidido rescindir "de forma unilateral" todos los convenios firmados con la organización.
Se trata del programa conocido como 'Los primeros de los colegios', mediante el cual se trabaja para ofrecer el desayuno en el centro escolar a los niños más madrugadores, y de otro convenio integrado por cuatro programas de mediación. Con este proyecto, la FAPA actúa en los centros educativos con colectivos con alguna problemática.
"Son colectivos desfavorecidos socialmente que no abonan nada, y que ahora se van a ver perjudicados por las represalias que la Consejería está teniendo con nosotros y que nada tiene que ver con ellos", concluyó Pazos.
"AMENAZAS" DE AGUIRRE
Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, acompañó a la FAPA hoy durante la rueda de prensa en la que se informó de la situación, y aseguró que este caso es un ejemplo de como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está haciendo un "uso sectario" de los recursos públicos.
"Desde el Grupo Socialista y el Partido Socialista de Madrid estamos apoyando a la FAPA desde el primer momento, al igual que apoyamos a otras organizaciones que han sufrido ya estas políticas de amenazas, de exclusiones y sectaria", señaló, aludiendo al ejemplo de la asociación de víctimas del 11-M presidida por Pilar Manjón, "apartada de los recursos públicos sólo por discrepar".
En este sentido, apuntó que la administración siempre debe tener presente que los recursos "son de todos los ciudadanos", y que no puede disponer de ellos pueda disponer "de forma arbitraria y utilizarlos como castigo contra todas aquellas organizaciones que, en el ejercicio de su libertad, están defendiendo posiciones legítimas, como la defensa en este caso de la escuela pública contra el desmantelamiento que lleva a cabo Aguirre".
La portavoz socialista aseguró que "Esperanza Aguirre está demasiado acostumbrada al ordeno y mando y a gobernar de forma no democrática y a amenazar a las organizaciones y a las personas que no comparten sus tesis". "Nos parece un atropello a los derechos ciudadanos, no sólo de la FAPA, sino de todas las familias representadas por esta organización, del alumnado de la Comunidad de Madrid y al conjunto de la ciudadanía", matizó.
Además, Menéndez añadió que "no son de recibo los falaces argumentos" de la consejera de Educación para tratar de desalojar de su local a la FAPA Giner de los Ríos. "No es de recibo porque no se puede usar como excusa una supuesta política de austeridad en el gasto por parte de un Gobierno que destina más de 173 millones de euros a autopropaganda y autobombo. Si no fuera una agresión tan grave a los derechos ciudadanos, sería una broma de mal gusto", apostilló.
"Esta es la política de la liberal Aguirre, cuya verdadera identidad es neoconservadora como está demostrando con su presencia en la convención del Partido Republicano en los EEUU", denunció la parlamentaria socialista, quien aseguró que Aguirre "no tiene ninguna vocación de servicio público ni tiene voluntad de diálogo y debe rectificar con carácter inmediato".
COMPARECENCIA EN LA ASAMBLEA
Por otro lado, Menéndez indicó que han pedido la comparecencia en la Asamblea de Madrid de la consejera de Educación para que explique ante los representantes de los madrileños "este atropello que han llevado a cabo contra la FAPA Giner de los Ríos".
Así, recordó que el sistema educativo madrileño "sufre graves problemas, fundamentalmente por la falta de inversión pública" y que Madrid es de las comunidades autónomas que menos invierte en Educación por habitante, lo que se percibe "en el deterioro del sistema educativo". "Al mismo tiempo Aguirre ve los servicios públicos como una oportunidad de negocios y ataca la gratuidad con su decisión de cobrar tasas por las plazas en la educación infantil", añadió.
En este sentido, la socialista señalo que Aguirre habla mucho del apoyo a las familias pero "no sólo no hace nada para ayudarlas, sino que en esta situación de crisis económica no toma medidas que alivien la situación de las familias". Esta decisión, a juicio de la portavoz socialista, "tendrá nefastas consecuencias no sólo para el bolsillo de los madrileños, sino que afectará negativamente a la conciliación de la vida familiar y laboral de muchas mujeres", concluyó.
