MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, aseguró hoy que la decisión que ha tomado con los alumnos de 1º de Bachillerato que tengan tres o cuatro suspensos está basada en "cuestiones jurídicas", y que no se hace otra cosa que cumplir lo que establece la Ley Orgánica de Educación.
Madrid, desmarcándose de otras comunidades autónomas y de la decisión del Gobierno central de hacer como un 'curso puente' con estos alumnos para que ellos pudieran elegir, ha determinado que todos repitan salvo que el centro, de manera excepcional, decida conservar algunas materias al alumno.
Esta circunstancia se dará a partir de septiembre y los centros decidirán o no conservar algunas materias en función del caso particular de cada alumno, de sus cuestiones académicas y de la propia capacidad organizativa del centro para poder tratar esta cuestión.
Ésta es la decisión que ha tomado la Consejería de Educación del Gobierno regional después de que el pasado 2 de febrero el Tribunal Supremo declarase nulo el decreto que permitía pasar de curso en 1º de Bachillerato con cuatro suspensos. El Supremo consideró que este decreto iba en contra de lo que la propia LOE establece en este sentido (se puede pasar de curso con dos asignaturas suspensas como máximo).
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Figar recordó que la Comunidad ha determinado esta solución después de que, desde entonces, el Gobierno central no haya hecho ningún texto de carácter normativo -modificar la LOE o crear un Real Decreto nuevo-- para regular esta parte de la enseñanza de Bachillerato.
"Hay una LOE y un decreto cuyo artículo es fundamental y que establece un cambio por primera vez y decía que podían pasar (los alumnos con tres o cuatro suspensos). Luego lo declaran nulo, es decir, no existe esa disposición y hay que actuar como si no existiera", indicó Figar, quien aseveró, no obstante, que si el Gobierno central crea una normativa al respecto de cara al año que viene, la aplicarán como el resto.
Figar detalló que esta decisión de "acotar" el acuerdo del Gobierno central la han realizado teniendo en cuenta sus consultas a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que les han confirmado que puede haber acuerdos sobre un tema pero que en términos jurídicos, no hay normativa y por lo tanto, lo que existe es la organización que había hasta ahora.
"Hemos hecho estas aclaraciones y hemos otorgado un pequeño margen de manera excepcional para que el centro, de acuerdo a la circunstancias personales y académicas, puedan plantear alguna otra medida de organización, pero será la propia junta directiva del centro, después en septiembre, quien tenga la última palabra" , añadió.
En este sentido, señaló que esta decisión es algo que esperaba "la mayor parte de los centros educativos", en general, la comunidad educativa. "Todos deseaban y esperaban algo similar", concluyó.
