MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) hará este viernes entrega en las oficinas del Ayuntamiento de Madrid de un escrito en el que reclama a la alcaldesa de la capital, Ana Botella, que cese los derribos en el poblado chabolista de 'El Gallinero', ha informado el colectivo en un comunicado.
En la petición se demanda que finalice la orden y ejecución de derribos y demoliciones para toda la zona de asentamientos de chabolas de este poblado hasta que se planifique y ejecute un plan de realojo para estas personas y familias.
En esta línea, el colectivo de fiscales progresistas pide al Ayuntamiento de Madrid que el plan de realojo que se lleva a cabo respete "la normativa nacional e internacional, en especial la protección de los casi 300 menores del asentamiento".
Recientemente, el Instituto de Estudios sobre la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas y la ONG Save the Children han elaborado un informe sobre la situación de pobreza en la que se encuentran los pequeños que habitan en este poblado, al igual que los que residen en la Cañada Real Galiana.
El estudio refleja, a través de una muestra de niños de 6 a 14 años, las percepciones que mantienen con respecto a la situación actual en la que viven.
VISIONES DE LOS PEQUEÑOS
Por medio del análisis de los dibujos realizados por los niños, de entrevistas individualizadas y de un protocolo de evaluación por juegos simbólicos, los investigadores consiguen descubrir las visiones que guardan del entorno chabolista en el que se encuentran "hacinados".
Según uno de los investigadores, Carlos Pitillas, estas condiciones son las que "definen" la vida en 'El Gallinero' en los últimos años y las que "marcan la expresión psicológica de los niños". Por ello, ha señalado la mendicidad, el robo de cable de cobre y la recogida de chatarra como las "formas de subsitencia básica" en el poblado.
El robo de cable de cobre es uno de los factores por los que se producen numerosas "redadas" policiales, una de las causas que los niños "suelen plasmar en sus dibujos con la representación de una fila de policías con porra en mano". Junto a ello, los autores del estudio denuncian el hecho de que se hayan realizado 41 derribos que han afectado a 82 menores, un factor que "agrede" al derecho de la vivienda de las familias.
En este sentido, las condiciones de pobreza permiten la "presencia habitual" de "peleas", así como la existencia de la violencia en las niñas "por razones de género". Asimismo, los autores del documento alegan la presencia "desproporcionada" de residuos y suciedad continua que facilita la aparición de ratas y arañas, entre otros animales.
Además, denuncian que no haya espacios "llanos y libres de suciedad" en los que los niños puedan jugar y descansar y critican que el único lugar en donde éstos puedan pasar su tiempo de ocio sea la carretera, "zona por la que tránsito coches a gran velocidad".
