MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid estudiará recurrir la condena a 4 años y medio de cárcel impuesta a un guardia civil por abusar sexualmente de sus dos hijas, una de las cuales se suicidó en octubre de 2003 lanzándose a las vías del Metro en la estación de Tribunal.
El fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, apuntó a Europa Press que se encuentran a la espera de recibir la sentencia dictada por la juez de lo Penal número 3 de Móstoles para valorar si impugnan el fallo. En la resolución, la magistrada considera probado un abuso continuado de la hija mayor, por lo que le condena a tres años de cárcel, y reconoce un único abuso sexual de la menor, lo que suma a la sentencia el año y medio restante.
En concreto, la Fiscalía pretende comprobar si los abusos sufridos por la hija menor responden a un delito continuado, que elevaría la pena a tres años de prisión. No obstante, Rincón reconoció que "no hay prueba determinante" que acredite esta circunstancia. Ya en el juicio el fiscal reclamó 6 años de prisión para el Guardia Civil por dos delitos continuados de abusos sexuales.
En cuanto a la resolución, el fiscal provincial aplaudió que la magistrada valore a la madre como testigo directo ante la falta de testimonio de la niña. En casos de abusos, la jurisprudencia establece que el testimonio de la víctima es suficiente para basar una condena, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos por la Ley. De este modo, la juez considera el relato de la madre suficiente para dar credibilidad a la acusación.
Asimismo, la abogada de las víctimas, Victoria Blanco, planea también impugnar la sentencia, alegando que la pena de cárcel tenía que haber sido de seis años. No obstante, y a pesar de considerar que se ha ganado el juicio, la letrada destacó "el carácter novedoso de esta sentencia, ya que por primera vez valora como elemento a tener en cuenta la falta de testimonio por parte de la niña".
Blanco señaló asimismo que la indemnización es baja porque en casos en los que el acusado ha cometido una sola violación, se estipulan cantidades que llegan a alcanzar incluso los 100.000 euros.
En la resolución, la magistrada ordena al acusado que indemnice a la familia con 30.000 euros por los abusos de la hija mayor y 6.000 más por los de la pequeña. Asimismo, quedará inhabilitado de su puesto de Guardia Civil durante los cuatro años y medio de la sentencia y se le privará de la Patria Potestad durante el año y medio correspondiente a la pena por los abusos de la hija menor.
VARIOS AÑOS DE ABUSOS
Los abusos comenzaron muchos años antes de que la fallecida, Patricia, en octubre de 2003, se decidiera a contarlo en una reunión familiar porque sospechaba que su hermana pequeña, Andrea estaba siendo sometida al mismo tipo de abusos. En plena reunión, la niña empezó a acusar al padre de lo sucedido en los años anteriores.
En consecuencia, los padres se separaron y la familia puso el tema en manos de la justicia. Los forenses diagnosticaron entonces que el acusado tenía una pedofilia limitada al incesto; es decir, que abusaba de menores pero sólo dentro del propio seno familiar. No obstante, el acusado no llegó a entrar en prisión en ningún momento.
Durante la celebración del juicio, la madre de las niñas explicó que Patricia "estaba hundida por lo que había sucedido, especialmente a partir del momento en que se dio cuenta de que lo que a ella le había pasado se estaba repitiendo con su hermana pequeña".
"No pensaba contarlo nunca, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, nos dijo cómo su padrastro le metía mano y le sobaba cuando yo no estaba en casa", explicó la madre.
