La futura Ley de Autoridad del profesor sólo será aplicable a los docentes de los centros públicos

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La futura Ley autonómica que reconocerá la autoridad pública del profesor, anunciada esta mañana por la presidenta, Esperanza Aguirre, en el seno del Debate sobre el Estado de la Región, sólo será aplicable a los docentes que trabajen en los centros públicos de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad explicaron a Europa Press que, precisamente, esta medida sólo afectará a los docentes de centros públicos (colegios e institutos), "en respeto a la autonomía educativa y pedagógica de los centros privados y concertados".

Además, la consejera del ramo, Lucía Figar, explicó a Europa Press que la Comunidad "tiene competencias para reconocer por ley la autoridad pública de los docentes y su presunción de veracidad en informes y actuaciones, igual que ha hecho Cataluña en su ley de educación".

De esta manera, respondió al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien afirmó hoy que conceder rango de autoridad pública al profesorado es una competencia del Estado si se pretende hacerlo con efectos penales, pues la reforma del Código Penal no depende de una comunidad sino que se aprueba en las Cortes Generales.

"Si el portavoz del PSOE José Antonio Alonso ve dudas legales, que recurran la ley catalana que ha aprobado su partido allí", sentenció Figar al respecto, al tiempo que precisó que no está contemplado que la futura ley autonómica entre en materia penal, pues esto corresponde a las Cortes Generales.

Las mismas fuentes señalaron que la propuesta de la Comunidad de Madrid no hace más que desarrollar la Ley Orgánica de Educación (LOE), que en su artículo 104.1 señala que las administraciones educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato, el respecto y la consideración acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada.

El anuncio de la presidenta ha recibido varias críticas por parte de la Oposición y sindicatos, que si bien reconocen que es positivo que se destaque la autoridad del profesor, apuntan que no añade nada nuevo porque ya hay sentencias en los que los docentes han salido respaldados tras un conflicto en los que se ha puesto en duda su autoridad como profesional de la enseñanza.

A este respecto, la Fiscalía también ordenó en una circular remitida en noviembre de 2008 que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública y contra trabajadores de la Sanidad pública se contemplarán como un delito de atentado a la autoridad y funcionario público.

Desde la Consejería señalaron que si bien la Fiscalía pudo ordenar que las agresiones a profesores se trataran como delito, la futura normativa autonómica persigue muchos más aspectos que la mera agresión. Así, el tratamiento de autoridad pública de los docentes incluirá la presunción de veracidad de los docentes en sus declaraciones e informes, que hasta ahora no se había considerado.