El PSOE reclama una comisión no permanente en el Pleno municipal para hablar del reparto de competencias entre Ayuntamiento y Comunidad
MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este martes en el Pleno celebrado en la Casa de la Villa que la negociación sobre las competencias que se está manteniendo con la Comunidad de Madrid solo busca "ser más eficiente" en la prestación de los servicios, y ha indicado que no supondrá una merma en la calidad de dichos servicios.
"La Comunidad y el Ayuntamiento hemos constituido un grupo de trabajo para analizar las competencias de las dos instituciones con el objetivo de detectar las competencias y servicios donde haya duplicidades. No debe confundirse con la comisión de duplicidades, que es una decisión de la Asamblea de Madrid de carácter político. Aquí hablamos de una decisión técnica", ha precisado.
Así, ha señalado que, desde que las reuniones comenzaron a principios de septiembre, se han llevado a cabo cuatro encuentros en los que aún no han entrado los responsables políticos, sino los técnicos municipales y autonómicos, que están "analizando pormenorizadamente la realidad del territorio y las actividades concurrentes" en temas como "servicios sociales, educación, sanidad, empleo o vivienda".
"El criterio será clarísimamente el principio de eficacia. No hay luchas competenciales, ninguna administración peleamos por tener más poder. La clave es qué administración pública puede ser más eficaz en prestar un servicio. Y ahí debe residir la competencia", ha precisado el regidor, "garantizando" que "se han acabado cualquier tipo de luchas de poder entre el Ayuntamiento y la Comunidad" porque lo que persiguen "todas las administraciones públicas es ver quién puede prestar mejor un servicio al ciudadano, quién lo puede hacer mejor, quién es más eficiente y dónde tendrá menor coste".
Así, ha señalado que ya se ha "avanzado de forma significativa en la elaboración de una propuesta", por lo que Gallardón se ha comprometido a redactar una "propuesta política" una vez se solventen los asuntos de carácter técnico. Propuesta que se presentará entonces a la oposición en el Pleno municipal para aprobarla.
"No habrá ninguna disminución en la calidad de los servicios públicos. Si hacemos todo esto es para conseguir una mejora, para evitar duplicidades y para reducir lo que significa una duplicidad que, además de más coste, supone muchas veces pérdida de eficiencia", ha zanjado Gallardón.
ENTERARSE POR LA PRENSA
Sin embargo, la oposición se ha mostrado contraria tanto en la "forma como en el fondo" a la manera en la que se está llevando a cabo todo este proceso. Así, el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, ha reprochado tener que "enterarse por los medios de comunicación" de lo que se va negociando.
"Estábamos de acuerdo en filosofía y lo único que no queríamos era que se perjudicara a los ciudadanos y que se mantuviese la calidad de los servicios. Pero nos hemos enterado por los medios de comunicación, y creemos que éste es un tema suficientemente importante. Nosotros llegamos a una reforma del estatuto de la Comunidad de común acuerdo, y no nos enteramos por la prensa, pero en este asunto no ha mantenido esas formas positivas", ha reprochado.
Por eso, ha exigido "respeto político" y que se cuente con ellos, que ya han demostrado "sin complejos" que son capaces de llegar a compromisos cuando hace falta, y también ha reclamado la creación de una comisión no permanente en el Pleno para "hablar a fondo del reparto de competencias".
Asimismo, el portavoz de IU en el Consistorio, Ángel Pérez, ha recordado que "hubo un amplio consenso" en torno al "diagnóstico y al tratamiento" necesario en relación con el problema de financiación municipal.
Tras dirigirse a Gallardón como "señor todavía alcalde", Pérez también ha reprochado que se haya "elegido un proceso que ignora a los otros grupos, que evita el debate abierto con los agentes sociales, y donde hay que reclamar información en el Pleno y las comisiones sobre materias que afectan a todos los madrileños, siendo representantes electos".
"Pedimos que nos dé un tratamiento como si fuéramos, por ejemplo, de la prensa, o que nos dé una credencial para poder ir a las rueda de prensa para enterarnos de lo que no nos enteramos en este Pleno. Por ejemplo, que había una comisión de duplicidades, que supongo se llamará así porque son dos: Esperanza (Aguirre) y usted", ha ironizado.
Así, ha apuntado que IU "no niega su derecho a gobernar" pero ha considerado "torpe renunciar a coincidencias" y "frágil sustituir un proceso político por una negociación forzada por una situación coyuntural".
"Todo nos hace pensar que lo que debería ser una oportunidad puede resultar una frustración caracterizada por menos servicios, una pérdida de calidad y una pérdida de empleo. Ojalá me equivoque y pueda demostrarme en unos meses que estoy equivocado. Pero le llamo a esa colaboración institucional de la que usted muchas veces quiere presumir pero que, cuando tiene la oportunidad, desperdicia", ha concluido el portavoz de la coalición de izquierdas.
CONCEPCIÓN ARCAICA DEL PLENO
A estas protestas Gallardón ha respondido espetando a la oposición que "no han entendido la Ley de Capitalidad" y que mantienen "una concepción antigua, por no decir arcaica, del funcionamiento de una institución parlamentaria moderna". "El alcalde tiene que hablar en el Pleno, tienen derecho a interpelarme aquí pero no pueden pretender, porque ningún gobierno lo hace, que las negociaciones sean previamente pactadas con la oposición", ha considerado.
Y es que "antes había un concepto de que el Gobierno de la ciudad correspondía el Pleno" pero, según él, "corresponde a la Junta de Gobierno", por lo que "cuando haya una propuesta se expondrán los criterios a cada grupo y el Pleno manifestará su criterio" pero "no tiene sentido que en los trabajos técnicos, donde ni siquiera participan los responsables políticos, estén los grupos de la oposición".
En un plano más concreto, Lissavetzky ha aprovechado la pregunta para introducir la posible transmisión del 75 por ciento de las acciones de Metro que son propiedad municipal a la Comunidad de Madrid y para expresar su preocupación sobre la posibilidad de que la operación suponga una "privatización" de la empresa o una "fuerte subida" tarifaria para cubrir la cantidad de entre 110 y 140 millones de euros que se ahorrará la capital. "Tengo que lamentar que en esta ocasión no hay sabido estar a la altura con respecto a los grupos", ha concluido el socialista.
A este respecto, el 'popular' ha recordado que fue el Gobierno de Joaquín Leguina el que, "inteligentemente", cedió "gratuitamente" la capacidad de decisión sobre Metro al Consorcio Regional de Transportes, aunque "asumiendo el compromiso de cubrir el 50 por ciento del coste de explotación.
Así, ha explicado que esta nueva operación pretende que Madrid "reciba el mismo trato que el resto de municipios" representados en dicha entidad, aunque eso suponga perder el derecho a elegir al presidente y a dos miembros del Consejo de Administración del suburbano.
En otra pregunta sustanciada en el Pleno, la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, ha respondido al edil socialista Pedro Zerolo que el funcionamiento y el mantenimiento de servicios como las escuelas infantiles, las escuelas de música o los centros de mayores, entre otros, estarán "garantizados" independientemente de lo que ocurra con las competencias.
"El objetivo de la comisión de duplicidades no es recortar servicios, sino clarificar las competencias de cada administración. Creía que estaban de acuerdo porque su partido lo está", ha añadido la responsable municipal ante las dudas de Zerolo sobre que este reparto pueda acabar en el "desmantelamiento de la red pública de servicios" de la capital a manos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
