MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado "Francisco Giner de los Ríos denunció hoy que la Consejería de Educación continúa su política de privatización de la enseñanza "con la supresión de grupos en centros públicos de Formación Profesional y mantenimiento en centros privados".
Según la legislación vigente, y las propias instrucciones de la Consejería, aquellos grupos de 1º curso de ciclos formativos que no consigan 15 alumnos de matrícula podrían ser suprimidos y escolarizados en otros centros. "Estas normas se hacen efectivas en los centros públicos y no en los privados, a los que se permite mantener los grupos con 11 alumnos incluso menos", explica la FAPA Giner de los Ríos.
Asimismo, apunta que el curso anterior, se pudo detectar un caso aún más grave: El Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid pudo mantener abierto dos grupos de Grado Superior, de la Familia de Turismo, con 5 y 6 alumnos, respectivamente. Permitiéndoseles una matriculación extraordinaria, en el mes de diciembre/enero para conseguir llegar a la cifra record de 10 alumnos por grupo.
En este marco, la Giner de los Ríos subraya que este tipo de enseñanza esta cofinanciada por la Unión Europea y, en su modalidad presencial, exige el cumplimiento rígido de las horas lectivas, establecidas para cada ciclo y módulo; tanto es así, que el incumplimiento de las mismas significa la anulación de matrícula.
"El presente curso se ha iniciado en la misma línea. Se han detectado supresiones de al menos 14 ciclos formativos en centros públicos, alguno de ellos con más de 20 alumnos matriculados", expresa, y enumera el caso del IES Palomeras Vallecas, en el ciclo de Laboratorio o el del IES Francisco de Goya-La Elipa, en el de Estética, mientras, con menor número de alumnos (11) se mantienen abiertos en el mencionado Instituto de Formación Empresarial (dependiente de la Cámara de Comercio e Industria) o en el Centro BESANA.
La FAPA Giner de los Ríos considera que se debe vigilar el aprovechamiento de los recursos públicos, especialmente cuando éstos proceden de un organismo como es la Unión Europea, que podría optar por su supresión, de demostrarse que no se utiliza adecuadamente.
"La normativa debe ser igual para todos y debe defender, muy especialmente, los recursos públicos, es decir, aquellos destinados a los centros públicos. La supresión de un ciclo, en este tipo de centro, es especialmente gravosa por cuanto significa desmontar las infraestructuras, desplazar profesores y reubicar alumnos en otros centros", insiste.