PSOE pide a la Comunidad suspender el proceso y buscar el consenso
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, previó hoy que no habrá conflicto con el Ayuntamiento de Madrid para la capitalización del 49 por ciento de la empresa de aguas, puesto que está desarrollando una intensa labor de información entre todas las partes afectadas.
En una comparecencia en la Asamblea de Madrid, González aseguró que el proceso sigue adelante y él, personalmente, está hablando con las partes implicadas, porque su objetivo es que "el procedimiento sea conocido y comprendido, y en la medida de lo posible apoyado, por todos". "Les hemos explicado todos y cada uno de los pasos que queremos dar", manifestó.
El número dos de la presidenta Esperanza Aguirre, que reclamó a los socialistas coherencia, acusó a éstos de no saber qué quieren para el Canal y estar anclados en un discurso ideológico y antiguo sobre los beneficios de la gestión pública, cuando comunidades gobernadas por el PSOE han privatizado al 100 por cien y "no se ha muerto nadie y no se pone en riesgo a nadie".
"¿Por qué invocar los males del infierno por la entrada de capital privado en el Canal?", se preguntó, cuando al PSOE le parece "muy mal aquí y bien en otro lado".
"Espero que no hagan de esto una instrumentalización política a corto de la que se van a tener que arrepentir en muy pocos días y adopten una posición institucional en beneficio de los intereses del Canal y del futuro de la gestión del agua. Me he sentado con alcaldes de su partido en dos o tres ocasiones y les he explicado puntualmente cuáles son los riesgos, ventajas y beneficios, y por supuesto, lo he hecho con mis compañeros y con el Ayuntamiento de Madrid, con el que siempre están metiendo el dedo a ver si sacan algo, pero van a tener mala suerte y no van a sacar nada de ahí", advirtió.
González defendió que el proceso de capitalización de la empresa de aguas es necesario para "consolidar el Canal" y crear una empresa con garantías de que el servicio sea cada vez de mejor calidad. Para eso, dijo, la empresa debe tomar "decisiones estratégicas" con el fin de "reforzar su posición en el mercado del agua y su posición económica" y afrontar las inversiones necesarias "por las imposiciones de las Directivas europeas".
En este sentido, se preguntó por qué el Canal debe asumir el 25 por ciento de las inversiones del Plan de Calidad de las Aguas si no gestiona el 25 por ciento de las aguas del territorio nacional.
El vicepresidente indicó que para hacer más fuerte la empresa y captar recursos existen tres posibilidades: el endeudamiento, el incremento la tarifa del agua o, "salvaguardando las garantías del servicio, de la calidad e incluso del modelo de gestión porque va a seguir siendo pública, captar en el mercado dinero". De hecho, especificó que gracias al endeudamiento el Canal ha ampliado el volumen del negocio de una facturación 300 a 850 millones de euros.
A su juicio, a los ciudadanos no les importa si el Canal tiene un porcentaje en manos privadas sino tener la mejor gestión del agua en nuestro país, "donde el agua es de una excelente calidad, un orgullo y una referencia para los madrileños".
SUBIDA DE TARIFAS
Asimismo, calificó de "ridículo" que la izquierda amenace con el encarecimiento del precio del agua, pues eso no está contrastado en los municipios donde se ha producido la privatización al 100 por cien. Así, puso como ejemplo a Barcelona, Vigo, Santander y Badalona, todas ellas con empresas de aguas privatizadas, frente a Córdoba con una empresa 100 por cien pública "con un precio más alto que el gestionado por empresas privadas". "No tiene nada que ver la titularidad de la empresa o la naturaleza jurídica con las tarifas, pese a que quieran contar todas estas cosas de gestión ineficiente", sostuvo.
Por otra parte, arremetió contra los socialistas por no reconocer la necesidad de construir dos nuevos embalses, pues "desconocen la gestión del agua porque en esta Comunidad se puede pasar de soltar agua de embalses a una sequía en un cinco meses". "El agua es el único bien que no se produce por el hombre y la única forma es guardarlo", apostilló.
González acusó además a la oposición de llevar a cabo un "ejercicio de una irresponsabilidad manifiesta" e instrumentalizar la capitalización por interés político, por lo que destacó que el Gobierno regional mantiene una posición institucional en el Canal de Isabel II y por eso busca que todos los acuerdos sean por unanimidad. "Yo he informado puntualmente y sigo haciéndolo de cada uno de los pasos que damos en este proceso, porque es un proceso muy serio", señaló, al tiempo que destacó que se trata de una operación económica con una enorme envergadura y no se puede poner en cuestión.
Así, informó al Parlamento de que se han sacado concursos para que empresas especializadas hagan valoración de los activos y de la situación de la compañía y después se procederá a la constitución de la sociedad. Sólo después se decidirá la salida del mercado por una Oferta Pública de Venta, con todos los asesores jurídicos legales.
Asimismo, dijo que a los socialistas les ha salido mal intentar manipular a los trabajadores del Canal, quienes "gracias a Dios por su responsabilidad han aprobado el plan de salida al mercado para captar recursos".
"Y lo han aprobado porque hemos cumplido escrupulosamente nuestro compromiso legal que es respetar los derechos consolidados de los trabajadores. En esto como en todo hemos dado los pasos que hemos dicho que íbamos a dar y por eso lo han aprobado los trabajadores", consideró.
OPOSICIÓN
Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE Adolfo Navarro mostró su oposición frontal a este proceso, entre otras cosas, por "el riesgo de que las tarifas suban" y porque es una medida que "no goza de las simpatías de nadie, salvo de algunas empresas que ven la posibilidad de entrar en un monopolio en el agua".
"No estamos de acuerdo con su desprecio a los servicios públicos, ni con su política de laminar el sector público", subrayó, al tiempo que pidió al González que suspenda el proceso emprendido y busque el consenso con la Administración general del Estado, los ayuntamientos socialistas y no, y especialmente, el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, se preguntó si éste es un buen momento para ir a los mercados financieros, y si es acertado "judicializar el proceso por la posición de los ayuntamientos".
Acusó al Gobierno regional de ser "muy sensible a la presión de las empresas privadas que ven un excelente bocado, un negocio sin riesgo con altas tasas de ganancia" este proceso de la empresa de aguas "valorizada en 3.000 millones de euros". "Un negocio redondo para la empresa que entre ahí, y una duda del desastre que le quede a los madrileños", aseveró.
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Fausto Fernández acusó al vicepresidente de poner en cuestión, con su estrategia de privatización parcial, la gestión del Canal, pues ésta es una empresa de una reconocida calidad de servicio y ambiental y abogó por utilizar los beneficios de la sociedad, 76 millones en 2007, para afrontar las inversiones necesarias en el futuro.
Mostró, sin embargo, críticas al modelo de "no participación" en la gestión que está llevando a cabo el Canal, con "35 sociedades anónimas casi totalmente fuera de control público", inversiones en Latinoamérica y gastos de 100 millones de euros en los Teatros del Canal.
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