MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, afirmó hoy que el único parámetro para adjudicar a la empresa que dirige Castor Iglesias el contrato por valor de casi un millón de euros del servicio de traducción en juzgados en la Comunidad de Madrid fue el bajo precio, y negó cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación.
"Desde luego, ninguna irregularidad, sino todo lo contrario. Precio como único parámetro para adjudicar el contrato", aseguró Granados después de que el diario 'El País' publicara hoy que la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid adjudicó el mes pasado un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociación que preside Castor Iglesias, que desmintió el supuesto espionaje a políticos que se investigó el año pasado.
Granados indicó que la adjudicación que se ha producido en el servicio de traductores de la Comunidad de Madrid "ha sido una adjudicación en dos lotes", de los cuales el primero de ellos es al que se refiere hoy el periódico.
"Se ha adjudicado a la oferta más barata de todas aquellas que cumplían las condiciones", explicó Granados a renglón seguido, para decir que y "es la asociación nacional de peritos judiciales la que ha ganado este contrato por subasta", "por riguroso precio", ya que "ha sido la más barata".
Granados destacó que esta asociación "trabaja en otras comunidades autónomas, como en Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura o Castilla y León" y dijo que Castor Iglesias no es el dueño de la asociación. Asimismo, esperó que no se esté sugiriendo que "se están pagando favores a la asociación nacional de peritos judiciales".
Por último, apuntó que "no hay nada que sea más mentira que aquello que se dice como una verdad a medias y con sana intención de crear una sospecha o un manto de duda sobre la actuación de algún responsable político", en este caso la cartera de Presidencia, justicia e Interior que él dirige.