Granados espera que el juzgado determine si se han producido irregularidades en el servicio de pulseras antimaltrato

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, aseguró hoy que el Gobierno regional mantiene abierto el expediente que analiza las supuestas irregularidades que se han producido en el servicio de pulseras antimaltrato y esperó que la investigación de la Fiscalía acabe en un juzgado en el que se determine si estas deficiencias se han producido con el fin de tomar medidas hacia la empresa o hacia los trabajadores.

"Tenemos el expediente abierto. Queda concluir todas las investigaciones administrativas y de la Fiscalía, que supongo que acabarán en algún juzgado donde se pondrá de manifiesto si éstas irregularidades se han producido y si de ellas se deriva alguna responsabilidad bien para la empresa o bien para los trabajadores", aseguró Granados en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSOE en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia en los juzgados contra varios trabajadores de la empresa encargada de gestionar este servicio y contra cuatro hombres que presuntamente habrían quebrado sus órdenes de alejamiento pese a ser controlados por GPS. La denuncia se interpuso después de una de las empleadas del servicio afirmara que uno de los compañeros permitió a una de las personas con brazalete saltarse la orden de alejamiento.

Tras asegurar que el Gobierno autonómico "hará todo lo que esté a su alcance" para proteger a las víctimas de la violencia de género, el consejero apuntó que en Madrid el servicio de seguimiento a maltratadores a través de estos dispositivos está externalizado, algo que, a su juicio, es mejor que no disponer de esta prestación.

"En Andalucía y en Castilla-La Mancha, no lo han externalizado porque no lo tienen y no prestan ese servicio a las víctimas como lo hace la Comunidad de Madrid. Entre no tenerlo y tenerlo externalizado estará conmigo en que mostramos un poco más de interés con las víctimas que si no tienen servicio", sentenció.

Granados recordó que el 17 de septiembre de este año la Fiscalía de Madrid dirigió un escrito a la Administración regional en la que le comunicaban las supuestas irregularidades en el servicio y ese mismo día se abrió una investigación contractual y otra administrativa, además de requerir a la empresa la concreción de las actuaciones. Con posterioridad, se le reclamó la transcripción de las cintas en las que han quedado registradas las conversaciones entre los trabajadores y los maltratadores.

"Habrá que ver si de las investigaciones que tenemos en marcha y que todavía no están concluidas se concluye en que queda probado que eso se ha producido", indicó el consejero, quien subrayó que ahora hace falta que el Gobierno central cumpla con sus compromisos y ponga el brazalete en todas las comunidades "asumiendo sus competencias" y "no ocurra como en Madrid", donde, dijo, el dispositivo está en marcha "porque lo ha puesto el Gobierno de Esperanza Aguirre".

LAS IRREGULARIDADES, POR CULPA DE LA EXTERNALIZACIÓN

Por su parte, la diputada socialista Josefa Pardo achacó a la externalización la aparición de las supuestas deficiencias. "Han concertado que la iniciativa privada se encargue de ello. No hacen seguimiento ni evaluación de estos servicios. Esto nos lleva a que no se cumplan y se perviertan las medidas que dictó el juez", aseguró.

La parlamentaria aseveró que no se ha informado a la policía o al juez de que esas órdenes de alejamiento se hayan quebrantado o que se hayan producido anomalías en los dispositivos "por no decir que los trabajadores colegueen con los maltratadores". "Estamos hablando de un caso donde las mujeres mueren", zanjó.

Desde su punto de vista, en este caso se está produciendo una "falta de responsabilidad extraordinaria. "Si hubieran evaluado, no estaríamos en la situación en la que estamos", espetó Pardo al consejero.