Guateque.- Ceballos: "Gallardón quería reventar el sistema de licencias, y se lo cargó"

El antiguo jefe del Departamento de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente Victoriano Ceballos, el supuesto 'cerebro' del 'caso Guateque', insinuó hoy que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "pretendía" con la operación que desarticuló hace un año una supuesta trama de corrupción de licencias en el seno del Ayuntamiento de Madrid "reventar" el sistema de tramitación de licencias municipales vigente, que ahora será reformado para incorporar entidades certificantes privadas, con el visto bueno final del Consistorio madrileño.

"Gallardón quería eliminar el tradicional sistema de tramitación de licencias. No hay cohechos, ni gaitas. Se ha buscado una excusa para reventarlo. En el fondo, se buscaba terminar con el departamento de Evaluación Ambiental. Y al final, se lo cargó", aseveró a Europa Press Ceballos en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde acudió para declarar sobre su participación en la tramitación del expediente del bar de copas Moma, cerrado el pasado 21 de noviembre por orden municipal al carecer de licencia de funcionamiento.

El ex jefe de División de Impacto, que se encuentra en libertad provisional, criticó que el juez Santiago Torres, que investiga la corruptela municipal, haya sobredimensionado la trama, puesto que "lo normal" hubiera sido abrir expedientes disciplinarios a los presuntos funcionarios implicados, en vez de "enviarlos al Juzgado". Además, criticó que, durante siete años, un sólo funcionario se haya tenido que encargar de los informes de más de 3.000 expedientes. "Esto no tiene ni pies ni cabeza", denunció.

"La misión del departamento es hacer el informe medioambiental de los expedientes, con independencia de que se tramitaran por la Junta de Distrito o por Gerencia de Urbanismo", explicó el imputado, quien cree que el magistrado tendría que haber abierto piezas separadas, separando las supuestas anomalías detectadas en Medio Ambiente con las de Urbanismo y las Juntas de Distrito. "¿Qué tiene que ver Medio Ambiente con las licencias?", se preguntó.

En cuanto a las supuestas órdenes que recibían para acelerar expedientes, insistió en que había "presiones" como "en cualquier trabajo", criticando que el juez se niegue a averiguar quiénes estaban detrás de las llamadas en las que se ordenaban acelerar determinado trámites burocráticos. "No se les investiga porque son políticos", apostilló.

Tanto Ceballos como Joaquín Fernández de Castro han revelado al juez Torres que recibían "presiones" a través de "llamadas" que procedían del director general, del coordinador, del gerente, y de los concejales. El pasado 2 de febrero, Ceballos manifestó que "sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".

EXPEDIENTE DEL MOMA

Ceballos compareció ante el juez para explicar la tramitación de la licencia del Moma, en la que intervino en 2002 para firmar el paso de su expediente a la comisión de Medio Ambiente que debía de evaluar el informe de impacto ambiental. "No sé ni lo que es el Moma ni qué actividad tiene. No me acuerdo de este expediente", alegó a preguntas de Europa Press.

Al Moma se le investiga a raíz de una denuncia anónima presentada el 23 de diciembre de 2007. En el documento judicial, un particular aseguraba que en 2002 los socios del local pagaron 24.000 euros a la funcionaria de la Junta de San Blas, Sara López, y regalaron un Mercedes al entonces concejal de Chamberí para acelerar la obtención de la licencia solicitada en 2002.

Luis Miguel Ramasco, uno de los propietarios del Moma en 2002, negó ante el juez este extremo, siendo respaldado por el actual gerente del local y por otro de los socios. Los responsables del Moma se declararon "víctimas" de la persecución contra los locales de ocio iniciada tras la muerte de Álvaro Ussía en la discoteca El Balcón de Rosales.

"Somos unas víctimas de las irregularidades de El Balcón de Rosales. El 60 por ciento de los locales de Madrid están sin licencia", denunció el gerente del local, quien hizo hincapié en que, con el cierre del local, "60 familias están ahora en la calle". Además, cifró en 500.000 euros las pérdidas del local desde que está clausurado. Estas Navidades, el Moma tenía contratadas fiestas con Repsol, Telefónica e Iberdrola, entre otras empresas.

En los pasillos, Ramasco explicó que en 2002 solicitaron la licencia de funcionamiento como restaurante-espectáculos, pero se lo denegaron. Entonces, lo llevaron a los tribunales. Un juez de lo Contencioso-Administrativo les interpeló en una sentencia favorable a subsanar las deficiencias relativas al aforo para obtener la licencia. El Ayuntamiento recurrió en apelación, desestimando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las alegaciones presentadas por el Consistorio madrileña y condenándole al pago de las costas.

En 2005, se solicitó la ejecución de la sentencia dictada por el TSJM, informando la Comisión de Medio Ambiente a los responsables del local que debían de pedir tres licencias de actividad para funcionar como cafetería, restaurante y sala de espectáculos. Por ahora, la sala cuenta con informes favorables de Medio Ambiente, Protección Civil y Sanidad. Una vez que cuenta con el visto bueno del informe técnico, podrán obtener los permisos para conseguir la licencia de actividad. Entonces, podrán recurrir el cierre ordenado el 21 de noviembre por el Ayuntamiento.

RUBER INTERNACIONAL

Mañana, desfilará ante el juez el propietario de la clínica Ruber Internacional de la calle Juan Bravo y su director financiero. El magistrado investigó a los directivos tras conocer, a raíz de una escucha telefónica, que los imputados Fernando Ruiz Torrejón y Santiago Castillo acordaron embolsarse 30.000 euros por la licencia de una reforma en la clínica. También declararán ese día los dueños de varios locales, situados en Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris.

El 17 de diciembre, comparecerán como imputados dos cargos de la compañía Ocaso y como testigo un funcionario de la Gerencia de Urbanismo. El juez mantiene ya como imputados a otros directivos por un delito de cohecho. Son Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas. A la compañía se la investiga debido a que adjudicó el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a AC93, investigada por el juez.

Ese día, el instructor interrogará además al responsable de la cervecería Cervantes, en la plaza de Jesús. La imputación del dueño de esta cervecería se debe a la comisión de delitos urbanísticos por producción de alteraciones y obras sin licencia en edificios protegidos ubicados en la calle Santa Lucía, Flor Baja y Piamonte. En este apartado, el juez amplía las imputaciones a otros empresarios por su relación con el anterior local.