Guateque.- La primera parte de la causa se extenderá hasta acumular indicios contra los funcionarios e intermediarios

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera parte de la investigación dirigida por el juez Santiago Torres por el 'caso Guateque' se extenderá hasta que se acumulen indicios suficientes contra los funcionarios imputados hasta ahora en la causa, así como las personas que actuaron como intermediarios entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas, informaron hoy a Europa Press fuentes judiciales.

Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil durante la investigación y las agendas de los imputados constituyen los principales indicios de los que dispone Torres para sustentar su acusación acerca de la existencia de una trama organizada por el cobro de comisiones ilegales.

Las diligencias previas por el 'caso Guateque' investigan la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la agilización de la tramitación de informes correspondientes a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.

El delito de cohecho del que se acusa a la mayoría de los empleados públicos imputados alcanza también a los empresarios que accedieron a dar una cantidad de dinero a cambio de un trato de favor en la tramitación de los expedientes de sus locales. Este tipo delictivo pena tanto al que pide los sobornos como al que accede a su pago.

Hasta ahora, la investigación se ha centrado en los funcionarios que exigieron pagos y en los intermediarios. Una vez que se cierre esta parte, el juez pondrá su punto de mira en los empresarios, salvándose aquellos que hayan denunciado las extorsiones dentro de un plazo que no supere los díez días desde la fecha de los hechos.

Sobre esta excepción se refiere el artículo 427 del Código Penal, que establece que "quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos".

Actualmente, cumplen prisión Victoriano Ceballos, jefe de Análisis Ambiental de la Concejalía; Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental; Carmelo García Sánchez, ex funcionario de Urbanismo; y el empresario Santiago Castillo Morales.

También están en la cárcel Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta municipal de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar; técnico del Área de Medio Ambiente; Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta de Carabanchel; y Fernando Ruiz Torrejón, de Urbanismo. Los últimos encarcelados son Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, propietarios de Agustinos y Proyectos S.L.