El Icomem sigue a la espera de los juzgados un año después de las elecciones y con Junta interina investigada

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) sigue a la espera de una decisión judicial sobre la anulación de la candidatura ganadora un año después de la cita con las urnas y lo hace con los seis miembros de la Junta Directiva en funciones, entre ellos su presidente, Manuel Martínez-Sellés, investigados por un juzgado madrileño por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Los últimos comicios en el Icomem tuvieron lugar el 17 de diciembre de 2024. La candidatura encabezada por Tomás Merina, 'Icomem para Todos', se impuso con el 46,9% de los votos (4.475), por delante de la liderada por Martínez-Sellés, 'Primero, médicos', que quedó en tercera posición con el 25,1% de los votos (2.393).

Pese a una victoria holgada, el equipo de 'Icomem para Todos' nunca llegó a tomar posesión de los cargos en la Junta Directiva en la fecha prevista, el 22 de enero. Aunque la Junta Electoral proclamó los resultados como válidos, unos días antes de la toma de posesión la Comisión de Recursos del Icomem anunció la anulación de la lista ganadora al considerar que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

El día 20, el mismo en el que estaba prevista la ceremonia de toma de posesión administrativa, la Junta Electoral del Icomen oficializaba la suspensión del acto. Meses después, en abril, la Junta Electoral anunció que, por decisión de la Junta Directiva del Colegio, su actividad se había dado por concluida y, en consecuencia, el órgano ya no podía pronunciarse sobre la situación de la institución colegial.

Desde el anuncio de anulación de la candidatura de Tomás Merina, la Junta Directiva interina trasladó su intención de convocar un nuevo proceso electoral al que el todavía presidente del Colegio, el doctor Martínez-Sellés, no se presentaría. "Haber perdido las elecciones me inhabilita, al menos moralmente, para aprovechar esta situación y presentarme de nuevo", aseguró entonces.

Desde entonces, la cita con las urnas nunca ha tenido lugar y la anterior Junta Directiva sigue al frente de la institución de manera interina. Según alegan desde el equipo de Martínez-Sellés, los comicios no se pueden convocar al haber judicializado el proceso el doctor Merina, que presentó un recurso por vía contencioso-administrativa tras la anulación de la candidatura.

JUDICIALIZACIÓN DEL PROCESO

Así, aunque en un primer momento el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid desestimó las medidas cautelarísimas y cautelares que había solicitado para poder tomar posesión del cargo, este proceso judicial sigue abierto.

"Es la causa principal para decidir si la candidatura ganadora puede tomar posesión. El futuro de la institución debería decidirse en esta causa. Se espera una primera decisión en el primer trimestre de 2026", han apuntado a Europa Press desde la lista 'Icomem para Todos'.

En cualquier caso, en el auto se indicaba que "los resultados electorales" quedaban al margen de esta causa, centrada única y exclusivamente en el doctor Tomás Merina y no al resto de miembros que integraban la candidatura.

De esta forma, se determinará si cumple los requisitos para ser candidato y si la anulación de su candidatura fue ajustada a derecho. Hasta que no haya un pronunciamiento al respecto, además, no se podrán convocar nuevas elecciones en el Colegio.

En su lucha por el "respeto" a la voluntad expresada por las urnas y en defensa de la "legalidad", la candidatura liderada por Tomás Merina ha pedido el amparo de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Comunidad de Madrid, todo ello sin éxito para ellos.

Igualmente, durante estos meses ha propuesto varias medidas encaminadas a desbloquear la situación. Una vez rechazadas las cautelarísimas y cautelares, 'Icomem para Todos', planteó formalmente una toma de posesión parcial en la que Tomás Merina postergara su incorporación a la Junta Directiva hasta que la Justicia resuelva sobre sus condiciones de elegibilidad.

También puso sobre la mesa la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria con un único punto del orden del día: que la Junta Directiva ganadora de las elecciones tomara posesión de su cargo.

En ambos casos, fueron rechazadas por la Junta Directiva encabezada por Martínez-Sellés, que sigue liderando la gestión de la institución colegial desde hace meses y una vez superado con creces el periodo fijado para estar en funciones ya que los Estatutos del Colegio no contemplan los pasos a seguir en esta situación por ser absolutamente insólita.

PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Una crisis institucional a la que esta misma semana se ha sumado una investigación judicial por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el presidente y otros seis miembros de la Junta Directiva en funciones.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 5 Madrid ha incoado diligencias previas en este sentido tras una denuncia del candidato ganador en las urnas por la resolución adoptada el pasado 17 de marzo, cuando decidió cesar a la Junta Electoral.

Según el denunciante, el objetivo de esta decisión era "eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática" y "mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas". Desde la Junta Directiva liderada por Martínez-Selles, por contra, han defendido el cese de la Junta Electoral.

"El acuerdo de la Junta Directiva de fecha 17 de marzo de 2025, por el que se suspendió la actividad de la Junta Electoral hasta que en su caso procediese como consecuencia de resolución administrativa o judicial, respondió a una necesidad institucional justificada, tras la anulación de la proclamación del Sr. Tomás Merina como candidato electo, resuelta por la Comisión de Recursos del propio Colegio", han remarcado desde la dirección actual de la institución colegial.

En este sentido, recalcan que fue la propia Junta Electoral la que solicitó suspender el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva, apelando a la "lógica y exigible responsabilidad institucional", ante las resoluciones en curso.

"La Junta Directiva, en coherencia con esa posición y conforme a estatutos, formalizó la suspensión de la actividad de un órgano ya inoperante. No se trató de una decisión arbitraria, sino de una actuación motivada y respaldada por el departamento jurídico del Icomem", ha defendido.

En el auto de admisión a trámite, la jueza instructora afirma que los hechos señalados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Entre las primeras actuaciones acordadas, el juzgado ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid que remita testimonio del procedimiento ordinario 29/2025, al considerar que su contenido puede resultar relevante para el avance de la causa.

Desde la Junta Directiva de Martínez-Sellés se ha rechazado "rotundamente" una acusación "infundada" de prevaricación administrativa "por distorsionar la realidad institucional y por convertir en objeto de denuncia penal un acto plenamente documentado, transparente y legítimo".

"Se trata, además, de un acuerdo que el denunciante ya pretendió revocar en vía contencioso-administrativa a través de su última solicitud de medidas cautelares, y que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid le denegó de plano", ha alegado.

En su opinión, Tomás Merina ha acudido "de forma torticera" a la vía penal "buscando solo erosionar la reputación de la institución sin aportar soluciones". "Esta nueva denuncia, lejos de contribuir a esclarecer los hechos o fortalecer el funcionamiento democrático del Colegio, no hace sino añadir confusión, erosionar la confianza en las instituciones médicas y dañar injustamente la reputación del Colegio", ha apuntado.