Favoreció contratos de obras municipales a varias constructoras
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid al exalcalde del PP de Aranjuez entre 1995 y 2003, José María Cepeda, condenado a seis años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer como cargo público por un delito continuado de prevaricación al favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados rechazan el recurso de casación presentado por Cepeda ante el Alto Tribunal. La Audiencia también condenó al exedil de Hacienda Miguel Ángel Gálvez a cuatro años y dos meses de inhabilitación, una condena que se confirma igualmente.
Cepeda se enfrentó a una petición de la Fiscalía de Madrid de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros, pero la pena quedó reducida a seis años y cuatro meses de inhabilitación.
El representante del Ministerio Público Emilio Valerio les acusó de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusó de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.
La resolución de la Audiencia recogió que Gálvez, con el respaldo del exalcalde, presentó y logró la aprobación por parte de los plenos en los ejercicios de 2000 y 2001 de varias facturas a favor de las empresas constructoras Maconsa, Mafasa y Aldisa, "facturas de las que no había constancia en los departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención del Ayuntamiento al no existir ningún tipo de documento contractual o administrativo que habilitara la prestación de los servicios de obras o suministros indicados o justificara la realización de los mismos".
Además, añadió que en los ejercicios de 1998 a 2001 se emitieron facturas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles, "frente a las cuales los interventores formularon reparos en varios informes". "Ni el alcalde ni los concejales responsables adoptaron medidas adecuadas para eliminar las irregularidades que dieron lugar a tales reparos", señaló el fallo.
Asimismo, el tribunal recalcó que de ninguna de las facturas aprobadas por el sistema de reconocimiento contractual existía "expediente de contratación o de gasto con anterioridad a la presentación por el concejal".
DELEGACIÓN DE CUESTIONES URBANÍSTICAS
En el punto de mira estaba el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en Maconsa.
En su declaración, el exregidor aseguró que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos", recalcó en el juicio y añadió que los ediles tenían instrucciones para ajustarse al presupuesto.
