El Instituto Madrileño del Menor y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones "entorpecieron" al Defensor en 2010

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe anual del Defensor del Pueblo, que detalla sus actuaciones durante 2010, indica que tanto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dependiente del Ministerio de Industria, como el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) de la Comunidad de Madrid "entorpecieron" el trabajo de la Alta Institución en 2010.

Según explica el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, estas administraciones "no han dado adecuada respuesta a las solicitudes o requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo, incumpliendo, por tanto, la obligación de colaboración de los poderes públicos con esta Institución 'con carácter urgente y preferente'" que recoge la ley reguladora de la institución.

En cuanto al organismo dependiente de Industria, el único estatal que figura en este apartado del informe, se declara "entorpecedora de las funciones" del Defensor del Pueblo porque sus contestaciones a las solicitudes de informe que realiza la institución "llega en casi todas las ocasiones con retraso después de haber formulado varios requerimientos".

En el plano autonómico, el Defensor tacha de "entorpecedor" el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, por "su actitud poco colaboradora por el retraso reiterado en la remisión de los informes que se le solicitan, en particular, en el curso de los expedientes de queja que investigan la situación documental de los menores extranjeros no acompañados que han estado a su cargo".

"En el año 2010, hasta en cinco ocasiones, no se ha recibido el informe solicitado después de haberse remitido un tercer requerimiento. En otras ocasiones, las respuestas se reciben, pero sólo después de haber efectuado varios requerimientos", denuncia la Oficina del Defensor del Pueblo.

Además, por no facilitar información tras tres requerimientos, entran en la lista de "entorpecedores" los ayuntamientos de Bedia (Vizcaya), Bollullos Par del Condado (Huelva), Burguillos de Toledo (Toledo), Castro Urdiales (Cantabria), Ciudad Real, Las Torres de Cotillas (Murcia), Navajas (Castellón), Santa Margalida (Illes Balears), Tui (Pontevedra) y los consistorios madrileños de Aranjuez, Pedrezuela y Robledo de Chavela.

Con todo, hay una lista de administraciones que no han contestado tras tres requerimientos en el año 2010 y que, de no hacerlo, entrarían en la lista de entorpecedores del próximo año. En ella figuran la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación y la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

A nivel autonómico, se reseñan en este ámbito la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Andalucía; la Consejería de Trabajo y Bienestar de Galicia; la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, así como la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, ambas de Madrid; la Consejería murciana de Sanidad y Consumo y la Consejería de Fomento de Ceuta.