MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida propone garantizar un control democrático de la gestión de las Cajas de Ahorro, asegurando el 50 por ciento para la representación de la Comunidades Autónomas (CCAA) y de los ayuntamientos en los que opera y un 20 por ciento para los sindicatos, así como incentivar el principio de rentabilidad social como eje de la operativa de estas entidades.
Según se refleja en su programa marco autonómico, que tiene que ser aprobado en convención autonómica y municipal, la formación liderada por Cayo Lara sugiere la necesidad de llevar a cabo una regulación de las Obras Sociales de las Cajas con el objetivo de que no sustituyan las políticas públicas culturales, sociales, educativas y de bienestar.
Además, pide la constitución de un sistema público de Cajas de Ahorro, vinculado al territorio, bajo la forma de Empresas o Fundaciones Públicas de carácter financiero y finalidad social, dependiente de la Comunidad Autónoma y mancomunadas a nivel del Estado. Desde Izquierda Unida se apuesta también por la prohibición de cualquier tipo de operaciones "hacia y desde" paraísos fiscales así como la realización de actividades no vinculadas a la economía productiva.
Todo estas iniciativas se basan en que, a juicio de IU, se ha demostrado que las medidas que se han impulsado de rescate a la banca son "equivocadas e ineficaces" debido a que la Banca se ha "negado" a canalizar estas "ayudas" hacia las empresas y hacia las familias provocando así el cierre de "muchos" negocios y el consiguiente aumento del desempleo.
"Es necesario que el sector público controle y garantice el buen funcionamiento del sector financiero y la creación de un polo financiero público al servicio de la reconversión productiva del país y que canalice recursos para crear una nueva estructura sectorial que obedezca a otra forma de producir y a una racionalidad social, ambiental y laboral", argumenta IU a lo largo de su programa marco autonómico.
POLÍTICA ECONÓMICA ORIENTADA A LA CREACIÓN DE EMPLEO
Debido al aumento del paro en los últimos meses, en febrero se rozaron los 4,3 millones de desempleados, Izquierda Unida considera prioritario redefinir las políticas de apoyo a sectores económicos específicos como la industria o el turismo, invertir en la mejora del parque de viviendas y subvencionar el 25 por ciento del coste de su rehabilitación ecológica, así como promover medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos incluyendo una cláusula social en las licitaciones de las Administraciones públicas.
La creación un plan de Empleo y Formación para los desempleados sin subsidio a través de la financiación del Estado y de la colaboración de los ayuntamientos, incrementar los recursos para ofrecer una formación profesional de carácter modular, flexible y adaptable, el establecimiento de un salario mínimo en el sector y la reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin pérdida de retribución, son otras de las principales propuestas con las que IU acudirá a las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Por ello, considera que el sector público debe asumir el protagonismo tanto en la generación directa de puestos de trabajo estables como en el diseño de las políticas activas, y sentar las bases de un nuevo modelo productivo capaz de crear empleo de calidad. Además, insisten en la necesidad de que las políticas sociales estén concertadas con los agentes sociales y, especialmente, con los sindicatos de clase.
PENSIÓN CONTRIBUTIVA MÍNIMA DE 900 EUROS
Respecto al sistema de pensiones, Izquierda Unida se opone a la elevación de la edad de jubilación y a la ampliación en el número de años para calcular la pensión porque, a su entender, el sistema de pensiones "no corre ningún riesgo". Por ello, apuestan por garantizar una pensión contributiva mínima de 900 euros, una pensión de viudedad no menor de 765 euros y un pensión no contributiva superior o igual a 675 euros.
En este sentido, la formación liderada por Cayo Lara propone eliminar los topes máximos de cotización para acercarlos a los salarios reales, no aumentar la edad de jubilación por encima de los 65 años, establecer el periodo máximo de cómputo de cálculo en 15 años, revalorizar las pensiones lo mismo que el IPC y flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas profesiones incentivando, en este caso, la pensión.
Las personas mayores tienen también un espacio en el programa marco de Izquierda Unida. Para este colectivo proponen acentuar su participación en las ofertas culturales, lúdicas y formativas, y crear una red universal a una cartera de servicios de atención domiciliaria, teleasistencia y centro de día. Los programas de viviendas con servicios orientados a personas mayores autónomas y permitir el acceso a un centro residencial de la red pública, son otras de las cuestiones que desde Izquierda Unida se consideran imprescindibles para asegurar el bienestar de las personas mayores.
AUMENTAR LOS INGRESOS PÚBLICOS
A nivel autonómico, destaca la reducción de un punto del tipo aplicado en el tramo del IRPF, la reposición del impuesto de Sucesiones y Donaciones, allí donde se haya eliminado, el restablecimiento del Impuesto de Patrimonio y Transformación en un Impuesto sobre las Grandes Fortunas, así como establecer el objetivo de reducción de la economía sumergida en tres puntos anuales hasta 2012.
Asimismo, propone el diseño y desarrollo de planes de control interno del gasto público, de la calidad y eficiencia, cambiar el modelo de relaciones laborales, reformar el modelo energético, recuperar la política para los ciudadanos y la democracia, defender y desarrollar la protección social y realizar un cambio "radical" en la política agraria para que apoye un modelo social de agricultura que sea sostenible y productivo.